El calendario se ha convertido en las últimas semanas en compañero habitual de políticos y periodistas. Cuentan con el dedo los 54 días que deben transcurrir entre la publicación del decreto de la convocatoria adelantada de elecciones autonómicas y su celebración. Después de meses repitiendo el 18 y el 25 de noviembre como fechas supuestamente elegidas –lo fueron y dejaron de serlo por circunstancias desfavorables para la presidenta, seguramente–, el 2 de diciembre asoma como la única opción posible antes de que expire el año. Para que las urnas estuvieran listas ese día, Susana Díaz, la única con capacidad para anticipar los comicios andaluces previstos en marzo, debería firmar mañana el decreto. ¿Y si no? Sobre el papel, habría mucha fechas posibles: el 16 y el 23 de diciembre, o tres domingos de enero. Hacer campaña en el puente de la Constitución o con la Navidad demasiado cerca –sea porque va a empezar o esté recién terminada– mermaría su incidencia, con los ciudadanos inmersos en sus preparativos o en plena resaca postcelebraciones. Febrero quedaría como el momento definitivo de un adelanto que prácticamente no lo sería, a falta de solo un mes para que acabase la legislatura.
En esa cuadratura de fechas han transcurrido los últimos meses. Una incertidumbre contra la que se han expresado la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y el propio consejero de Economía y Hacienda. El runrún electoral suena desde antes del verano y lo mejor, piensan en todos los frentes, es atajarlo cuanto antes. Sobre todo porque, de facto, tanto los partidos como la propia Junta caminan ya en un único sentido. En las consejerías hay directrices de hacer balance, como si no quedara medio año de legislatura, y traer al frente proyectos «vendibles» de cara al ciudadano.
Rumores y negativas
¿Quién lanzó el «rumor» del adelanto electoral? Por boca de Díaz siempre han salido rotundas afirmaciones sobre su intención de agotar su mandato, pero sus actos –y los de su equipo– decían lo contrario. Como ya hiciera en 2015 con IU, ha forzado a su apoyo de Gobierno a decir las palabras adecuadas para justificar el posible adelanto, que se guarda a su conveniencia. Ciudadanos (Cs) le ha hecho el trabajo sucio, advirtiendo de que no votaría a favor de los Presupuestos si no se cumplían medidas incluidas en el acuerdo de legislatura, como el fin de los aforamientos. El Parlamento tiene señalado el 20 de diciembre para ese debate final que permitiría aprobar las cuentas de 2019; en caso contrario, se prorrogarían los de este año.
La presidenta actúa desde verano como si no supiera nada del tema. Da igual que se le interpele en el Parlamento o en un acto oficial: su respuesta siempre es que está «trabajando» y son otros los que piensan en clave electoral. Seguirá haciéndolo mientras las encuestas que maneja y el estrecho círculo con el que valora sus decisiones no coincidan. Un grave error de calibración ya la dejó fuera de su última gran batalla, cuando Pedro Sánchez le arrebató la Secretaría General del PSOE.
El motivo inicial –no oficial– para convocar elecciones era neutralizar la sentencia del «caso ERE», prevista entonces para marzo, y aprovechar el empuje del nuevo Gobierno de Sánchez, ahora cuestionado tras dimitir tres ministros. Si Díaz demora su decisión, permitirá armarse a sus rivales, especialmente a la unión de fuerzas de Teresa Rodríguez (Podemos) y Antonio Maíllo (IU), Andalucía Adelante, cuya suma de votos puede dar un vuelco al Parlamento.
