La jueza María Núñez, instructora del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha abierto (a petición de la Fiscalía Anticorrupción) diligencias separadas de diez nuevas piezas por ayudas de los ERE. Todas ellas, concedidas por la Junta a otras tantas empresas, cuya investigación por la UCO data de los años 2014, 2015 y 2016.
En una providencia del 24 de septiembre, Núñez abre piezas separadas por las ayudas concedidas a IverJaén Sociedad Capital Riesgo (cuyo atestado de la UCO data de mayo de 2014), y a las empresas cordobesas Mardy, Open Minds y Martínez Barragán y elaborados cárnicos (las dos primeras con atestados de abril de 2015 y la tercera de junio de ese año).
También de las subvenciones recibidas por la sociedad gaditana Tubos residuos y aplicaciones tubulares de Andalucía (con informe de la UCO de junio de 2015), y las empresas granadinas Minera del Marquesado y Cervezas Alhambra (cuyos atestados de la UCO están en el juzgado desde noviembre de 2014 y enero de 2015 respectivamente).
Por último, la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ha abierto nuevas piezas por las ayudas a Gres Vilches, Industrias del Guadalquivir y Pickam la Cartuja, que cuentan con informes de la Intervención General del Estado (IGAE) fechados en 2013, 2015 y noviembre de 2016 respectivamente.
Además, en la misma providencia y también siguiendo la petición de la Fiscalía, la jueza apremia a la UCO de la Guardia Civil para que «a la mayor brevedad posible» elaboren los atestados de las ayudas otorgadas por la Junta a Fábrica de Muebles (analizada por la Intervención estatal en septiembre de 2016); Grupo Smurfit (estudiada por la IGAE en diciembre de 2015); Nature Park Minas e Riotinto (con informe de la IGAE de septiembre de 2015); y Papacor (con análisis de la IGAE de noviembre de 2016).
Núñez ha dictado esta providencia después de que el pasado 20 de septiembre la Fiscalía Anticorrupción elevara un escrito al juzgado solicitando la apertura de estas piezas separadas de las que constaba ya atestado de la UCO o la solicitud del mismo a la Guardia Civil del resto.
En su escrito, la Fiscalía señala que «al objeto de evitar nuevos retrasos» en la tramitación de las piezas separadas de los ERE, «se proceda a la tramitación y práctica de diligencias que se dispongan por el instructor a la mayor brevedad posible atendiendo a la actual carga de trabajo del juzgado, instando, bien de la Administración prestacional, bien del TSJA, los refuerzos personales y materiales que se estimen necesarios».
