La Generalitat llegó a contemplar la posibilidad de que Cataluña ofreciera ventajas fiscales y opacidad para los capitales como Suiza y Andorra, que han actuado como paraísos fiscales hasta hace pocas fechas -Andorra levantó el secreto en enero de 2018-, si finalmente no se permitía que permaneciera en la Unión Europea después de independizarse.
Así consta en uno de los estudios que guardaba el exsecretario de Hacienda, Lluís Salvadó, incautado en septiembre del 2017, y cuyo análisis ha aportado la Guardia Civil al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que instruye la causa del «procés», en uno de sus últimos informes.
Se trata de la última versión de un borrador sobre la creación de un Banco Central Catalán así como la Ley que lo regularía. En la página 45 del informe se explica que una Cataluña independiente, pero fuera de la Unión Europea, podría «perturbar el proceso de integración europea, pues podría ofrecer opacidad y ventajas fiscales como Suiza y Andorra».
También creían que Cataluña no quedaría fuera de la UE porque se perjudicaría a muchos ciudadanos, jubilados, empresas, emprendedores, inversores y estudiantes europeos.
No obstante, en ese mismo informe descartaban la fuga de depósitos en base a tres razones: porque el proceso de transición sería ordenado y acordado con instituciones y entidades, sin tensiones, porque a nadie le interesaría tal situación y porque en caso de inestabilidad, se generarían grandes tensiones en el Eurosistema.
Según explica la Guardia Civil, a la vista de los acontecimientos, «parece que no fueron evaluados convenientemente» los riesgos. Además, señala que en el documento se llama a la responsabilidad de todos los actores en cuestión, especialmente de las entidades de crédito ya que, según explicaba este proyecto de Banco Central, «declaraciones que no se ajustasen a la realidad o que la distorsionen no ayudan a crear el marco de confianza básico para garantizar la estabilidad».
Un llamamiento que, según el instituto armado, «resulta sorprendente por cuanto fueron los responsables independentistas quienes con sus actos provocaron la pérdida de confianza de una parte importante de los ciudadanos y de las entidades empresariales, con las consecuencias ya conocidas».
Entre los documentos que la Guardia Civil intervino a Lluís Salvadó en su despacho está uno con anotaciones sobre una reunión del Consejo Asesor de ERC de 2014 en la que estuvieron Toni Comín, Antoni Dalmau, Vincenç Pedret, Marcel Coderch, Josep Bargalló, Manel Balcells, Ernest Benach, Elisenda Paluzie, Xavier Vendrell, Joan Puigcercós, Josep Huguet, Josep María Reniu, Marta Cid, Enric Martn y Miquel Sellarés.
Entre las anotaciones desgrana parte de la estrategia en la que asegura que «las elecciones españolas son una parte del 'procés'». «Estar en Madrid forma parte del trabajo durante los famosos 18 meses" -en referencia a los 18 meses que debían seguir a la consulta del 9N de 2014--.
Consideraban en este sentido, que los diputados en Madrid debían «acompañar 18 meses al Govern y al Parlament». «Hemos hecho un plebiscito y hemos ganado», decía el cuaderno de Salvadó y añadía que «en Madrid es necesaria una representación del Govern catalán para aprovechar altavoces estatales, internacionales. Para abrir el proceso de separación».
