Durante los últimos años del siglo XX y los primeros del XXI, Guadalajara y sus municipios circunvecinos, en el proceso de conurbación, devinieron en la generación de lo que hoy denominamos como Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). En ese proceso, la marcha urbana se vio inmersa en el fenómeno de la expansión urbana descontrolada. Este fenómeno – inducido por la propia autoridad, quien lejos de ejercer su obligada rectoría en el ámbito de la planeación– se dejó en manos del mercado y las grandes firmas inmobiliarias la construcción de vivienda popular y de interés social e incluso para otros estratos socioeconómicos.
Las políticas del gobierno federal para subsidiar el desarrollo de este tipo de vivienda –principalmente durante el gobierno foxista–, la ausencia de vigilancia y apego a derecho en los procesos, la laxitud en la definición de los perímetros de contención y el retiro del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) de su faceta constructiva –que desde 1992 se limita a ser una administradora y financiera otorgante de créditos inmobiliarios o hipotecarios– propiciaron el desastre que hoy queda en evidencia en el AMG.
¿El resultado? La ciudad distópica, discontinua, dispersa, inequitativa y disfuncional: Fraccionamientos abandonados, sin infraestructura ni equipamiento y con altos índices de violencia, criminalidad e inseguridad. Un gran negocio para unos pocos, que dejaron a su paso una estela de agravios sociales y urbanos que habrán de resolverse por cuenta y cargo de una ciudadanía que se ve obligada a la resiliencia inducida por aquellos que debieran ser los primeros obligados a salvaguardar sus derechos, incluyendo, por supuesto, el famoso “derecho a la ciudad”, tan socorrido y mentado pero pocas veces atendido en su cabal dimensión. Tal es el caso emblemático de Los Silos, que recién nos dio a conocer tras su investigación el Dr. Bernd Pfannenstein y sobre el cual, desde 2012, observamos lo siguiente y que, aunque en aquel momento no se hizo público, ahora hacemos propicio este momento para hacerlo:
“Arcor, el Ayuntamiento de Tlajomulco y el INFONAVIT protagonizan una comedia de vaudeville, ridícula y ofensiva, contra la inteligencia social y la buena fe de los compradores de fantasías. El escenario es el fraccionamiento LOS SILOS. Lo que ocurre allí es la prueba irrefutable de la bribonería que se aprovecha de la gente de escasos recursos económicos.
No es posible permitir que se continúe con el abuso al que los habitantes de ese fraccionamiento han sido sometidos. Es inadmisible, parece que hay gato encerrado e intereses oscuros que impiden que el municipio obligue al infame constructor de pesadillas a entregar lo que le corresponde para luego, como autoridad, hacerse cargo de la dotación de servicios y el mantenimiento de la infraestructura. No se trata de ser dadivoso, ni madre de la caridad… Un municipio no aspira a la santidad sino a cumplir con su obligación constitucional. No se trata de obsequiar agua a cuenta gotas para solventar las carencias que tienen su origen en las equivocadas maneras de hacer política social en este país. Ahhh, cómo nos gusta hacerle al tío lolo. Cabe decir que en aquel momento aciago el presidente municipal era quien ahora dirigirá los destinos del estado hacia la perdición.
Por ejemplo, ARCO sabía bien que su concesión para el uso urbano del agua era insuficiente para dotar del recurso de manera plena y satisfactoria para la gente que habitaría la cantidad que viviendas que allí levantó. Ya no se sabe si fue voracidad o ignorancia.
En aquellos días recorrimos el perímetro exterior del fraccionamiento y lo que descubrimos nos dejó perplejo y atónito: El agua del drenaje corría libre a través del campo para depositarse en charcas a cielo abierto, a unos 300 metros de las últimas casas, sin control y haciendo alarde de impunidad y pestilencia. En su trayecto dejaba una estela de olores nauseabundos que evidenciaban la inmundicia que hacía posible que esto pasara. Si, igualito que con las fosas de la villa panamericana.
Todo mundo se lava las manos y mientras tanto el jodido que se joda más. No, señoras y señores, esto no debe seguir así. Es tiempo de frenar la estupidez y la impertinencia: la gente no debe vivir de esa manera, todos tenemos derecho a vivir en un ambiente digno, sano, ecológicamente equilibrado y en un lugar donde asista la armonía.
En aquella oportunidad se habría propuesto que el fraccionamiento LOS SILOS fuese clausurado y que se desalojara a las personas. Que se reubicara a la gente a un mejor lugar, había –y aún hay–muchas otras casas en fraccionamientos, cercanos al sitio, que bien podrían recibir a cambio de lo que ya han pagado al INFONAVIT. Que Arcor termine el proceso de entrega de su muladar pero en condiciones óptimas, de acuerdo con su maravilloso y premiado proyecto.”
Hoy por hoy, es cierto que en días recientes el ayuntamiento de Tlajomulco anunció la restricción y observancia especial en el otorgamiento de nuevos permisos para la construcción de fraccionamientos bajo este modelo de construir casas sin construir ciudad; también lo es que los pseudo-empresarios de la construcción persisten en la búsqueda de ventanas de oportunidad para nuevos modelos de negocio. Aun así, hay qué decir que este es un caso paradigmático, más el problema es mayúsculo, pues abarca la totalidad de la demarcación del AMG. Tenemos el caso de los planes parciales de Desarrollo Urbano de Guadalajara, los fallidos y pospuestos planes de Zapopan, las carencias presupuestales de Tonalá, El Salto, Ixtlahuacán de los membrillos y Zapotlanejo más la rampante inseguridad en Tlaquepaque que no atinan resolver… Y no se diga la vergüenza mundial de los cadáveres congelados de responsabilidad estatal.
Sobre el caso tapatío, el Lic. Alberto García Ruvalcaba recién esgrimió argumentos sustentados en su conocimiento y análisis de la legislación en los tres niveles de gobierno que, con su venia, transcribimos íntegramente: “La política de crecimiento vertical de Guadalajara se ha extraviado y amenaza su desarrollo sostenible. Analizo algunas irregularidades jurídicas de la política de sobre-densificación.
Jorge Fernández Acosta, Carlos Enrique Martínez, Rodolfo Ramos Orozco, Salvador Dueñas Rodríguez
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