La Comisión Interamericana de Derechos Humanos nota con gran preocupación que hacia 1990, muchos estados de Estados Unidos aprobaron cambios regresivos en sus legislaciones y políticas, con respecto a niños, niñas y adolescentes en contacto con la ley penal. Los detalles y las formas de implementación de estos cambios fueron diversos, pero la tendencia general fue la restricción de acceso a los sistemas de rehabilitación y justicia juvenil.
