Una de las promesas de campaña, que más votos dieron para el contundente triunfo de Andrés Manuel López Obrador en el pasado proceso electoral, fue sin duda la de combatir el memorial de delitos y agravios de las fuerzas armadas contra los derechos humanos de miles de mexicanos y su compromiso de esclarecerlos, hacer justicia a los familiares de las víctimas, reparar los daños y garantizar que no vuelvan a suceder hechos tan lamentables como Tlatlaya y la desaparición de los 43 alumnos de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. También su ofrecimiento de retirar al Ejército de las calles y regresarlo a sus cuarteles. La última semana, ya como Presidente electo se comprometió a que al asumir el cargo designará una Comisión de la Verdad para que investigue la participación del Ejército y se dé a conocer la verdad sobre lo sucedido con la desaparición de los 43 normalistas.
Para tal objetivo, ofreció realizar una investigación a fondo con la participación del Gobierno federal, de la CNDH y la ONU para conocer la verdad y hacer justicia, con lo anterior se acentuaron las diferencias de Andrés Manuel López Obrador con las fuerzas armadas, las cuales, quedaron de manifiesto desde el proceso electoral, puesto que las mismas fueron públicas y los mandos del Ejército y la Marina hicieron saber que se sentían agraviados por los dichos del ahora presidente electo.
Otro de los aspectos, que han venido a causar confusión entre los millones de votantes que apoyaron su candidatura, fue su cambio de discurso, sobre la promesa del retiro de las fuerzas armadas, de la lucha contra la inseguridad y los carteles del narcotráfico, ya que ha señalado que: “sería irresponsable mandar al Ejército y a la Marina a los cuarteles”; “En las circunstancias actuales no podríamos dejar de utilizar al Ejército y a la Marina para atender el problema de la inseguridad y la violencia. La Policía Federal no está preparada para sustituir lo que hacen actualmente los soldados y los marinos”. ¿Qué motivo este cambio de opinión? A la fecha no lo ha explicado.
Toda esta serie de contradicciones crea un ambiente de incertidumbre en el ciudadano sobre la veracidad, asertividad y eficacia de las políticas de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque, por un lado reprueba y sataniza la activa intervención de las fuerzas armadas en casos como la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968, la contrainsurgencia en Chiapas y Guerrero; su participación en funciones de policía en la guerra contra el narcotráfico; su actuación durante la noche de Iguala, cuando fueron desaparecidos los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y en las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, señalando la desconfianza popular y condena por dichos actos, hacia la institución castrense.
Pero por otro lado, plantea una posición muy diferente sobre el futuro de la milicia, tratando de impulsar una reconciliación entre esa institución y quienes desconfían de ella: “No hay que ver a los soldados y marinos como enemigos. Son pueblo uniformado, hijos de campesinos, obreros, comerciantes”.
Por otra parte, su decisión de desaparecer al Estado Mayor Presidencial y su falta de definición, en cuanto a quienes serán designados al frente como Secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina, que según ha anunciado se hará a finales de octubre de este año, colocan a dichas fuerzas en una situación de incertidumbre y de desconfianza porque a final de cuentas, nadie sabe quién ejercerá el mando al frente de ambas secretarías, cuyo desempeño es fundamental para impedir que los grupos de la delincuencia y carteles de la droga continúen apoderándose de más territorios y zonas del país.
López Obrador, debe comprender que el bono democrático que le dieron los mexicanos en la pasada elección, no le durará todo el sexenio y que la toma de decisiones que haga en estos temas, como la relación del Presidente con las Fuerzas Armadas es muy delicada, ya que pueden ser sus mejores aliados para realmente garantizar la seguridad de los ciudadanos y combatir a la delincuencia organizada, respetando ante todo los derechos humanos, o bien convertirse en un peligro potencial que pueda a la larga causar inestabilidad política a su gobierno.
Debe entender que el mandato recibido el primero de julio es trascendental para la vida Democrática de nuestra nación, porque no hay democracia sin una eficaz división de funciones que evite la concentración del poder y el autoritarismo. No hay democracia sin un verdadero acatamiento al sistema jurídico vigente. No hay democracia si se impone el atropello a personas e instituciones. No hay democracia si el abuso es la norma en el ejercicio de la potestad pública. No hay democracia si no hay una búsqueda permanente de la justicia y la igualdad para todos. No hay democracia sin diálogo y sin libertad.
El deber del Estado es someterse al derecho que él mismo crea. El respeto por las decisiones democráticas exige compromisos poco populares pero garantes de lo debidamente mandatado. Por ello es necesario, recomponga su relación con las fuerzas armadas, para evitar continúe la situación actual de alejamiento e inconformidad por su discurso contra ellos.
