Ciudadanos (Cs) ha dado por enterrado su pacto de investidura con el PSOE de Susana Díaz por los incumplimientos en materia de regeneración democrática, aunque a la propia formación naranja también se le han caído por el camino de esta legislatura agonizante objetivos prioritarios que se autoimpusieron en su arranque en materia de transparencia, por ejemplo, como detallar en su página de internet el uso dado a las subvenciones públicas que ha recibido su Grupo Parlamentario autonómico. Lo que sí se refleja en dicho espacio web –http://parlamento-andalucia.ciudadanos-cs.org/politica-util/– es una etiqueta de «Regeneración democrática y lucha contra la corrupción», colocada en el apartado de «Política útil», bajo la cual se detallan «algunos de los logros» que, según Cs, han conseguido en ese ámbito. La hilera incluye para comenzar el impulso a «la comisión de investigación sobre el caso de los cursos de formación» en la comunidad, en la que se sentaron «27 años de gobierno socialista de la Junta de Andalucía». Si bien, fue el Grupo Parlamentario Popular el que formuló la primera petición de creación de una comisión de investigación relativa a las supuestas irregularidades en la gestión de las subvenciones a la formación profesional para el empleo, en concreto en un pleno que se celebró en la Cámara regional el 13 de marzo de 2014, y fue rechazada por los votos en contra de PSOE e IU que entonces gobernaban en coalición. Los populares lo intentaron luego hasta en cuatro ocasiones más, armando la última solicitud ya arrancada la actual X Legislatura el 15 de junio de 2015, la misma que presentó Cs el 6 de julio de ese año. La propuesta del PP fue de nuevo rechazada con los «noes» mayoritarios de PSOE y Ciudadanos, sin embargo, los populares votaron sí a la de los naranjas que salió adelante.
Desde su web, la formación que dirige Juan Marín en la comunidad presume también de haber propulsado «la reforma de la Ley Electoral Andaluza» y del hecho de que el Gobierno autonómico «tendrá que aprobar por decreto la creación de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción». Dos puntos que, por otro lado, ahora incluye entre los «engaños» que los han llevado al divorcio con los socialistas, y que, en efecto, ni están ni se les espera aunque finalmente no haya adelanto electoral en la comunidad.
Se atribuye el partido de Marín la dimisión de los ex presidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves, «tras su imputación por el caso de los ERE» presuntamente fraudulentos. Si se echa la vista atrás se puede comprobar que Griñán presentó «motu proprio» su renuncia ante el Consejo de Gobierno andaluz ya en agosto de 2013, cuando cedió el testigo a Díaz, para «preservar» a la Presidencia de la Junta de la «erosión» del «caso ERE», es decir, su primera salida se produjo mucho antes de que Cs sellara su alianza de investidura anticorrupción con el PSOE-A tras las elecciones autonómicas de marzo de 2015, en concreto el 9 de junio de aquel año. Aunque es cierto que ese mes Griñán dejó su escaño en el Senado antes de que el Tribunal Supremo (TS) lo encausara formalmente en el mencionado «macroproceso» judicial, como días después haría Chaves en el Congreso de los Diputados. Los naranjas se arrogan además la supresión en 2016 de «18 entes» de la Junta, a los que se sumarían 13 en 2017, y de «diversos altos cargos públicos que no eran productivos». Fuentes de la oposición afirman desconocer a «cuáles se refieren exactamente». Se anotan el tanto de la aprobación en la Cámara de una moción para «reformar la RTVA» que tampoco se ha materializado hasta el punto de que el máximo responsable del canal autonómico acumula cinco años de interinidad. Por último, su lista de éxitos apunta a la puesta en marcha de «un portal de gobierno abierto». El Ejecutivo regional arrancó los motores de su portal de transparencia a finales de marzo de 2015 para cumplir un compromiso de Susana Díaz.
