La siniestralidad vial ha aumentado en los últimos años en España. Esta tendencia, contrariamente a lo ocurre en el resto de países europeos, tiene mucho que ver con la escasa inversión de carreteras prevista en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, asumidos por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Un informe de la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana resalta que, a falta de los datos de la última semana de agosto, en las carreteras valencianas murieron 91 personas. «Nos situamos como la región subcampeona del incremento de accidentes de España, con un aumento del 54,2 por ciento con respecto al mismo periodo de 2017». Por delante de la Comunitat están Navarra, con un incremento del 137 por ciento de los accidentes (de ocho en 2017 ha pasado 19) y Cantabria, que aumentó de seis a 12.
Según las cuentas que dejó aprobadas el anterior Ejecutivo, la red de carreteras estatales de la Comunitat Valenciana recibirá 35,7 millones para conservación, es decir, poco más de 22. 507 euros por kilómetro y año.
Inversión mal repartida
El problema, apuntan desde este organismo, es que el peso porcentual en la red viaria de titularidad estatal de la Comunitat Valenciana es del 6,62 por ciento, por lo que este presupuesto, que ya de por sí es bajo, no está repartido de manera proporcionada. «Nos deberían corresponder 58,6 millones y si se tiene en cuenta la intensidad de tráfico viario, superior a la media nacional, nos harían falta 66,7 millones al año».
Con estos datos encima de la mesa, el gerente de la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana, Manuel Miñés, reclama al Ministerio de Fomento que los próximos presupuestos tengan en cuenta esta cuestión y solucionen este grave problema.
Miñés insiste en su informe en que la continuada infrafinanciación en conservación de carreteras suma ya un déficit de 625 millones, una cifra resultante de la escasa importancia que se ha dado a este capítulo en los presupuestos generales del Estado de la última década.
La rentabilidad de la obra pública
La Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana insiste en que cada millón de inversión en infraestructuras genera una media de 14 puestos de trabajo directos e indirectos y su retorno fiscal supera el 50 por ciento mediante tasas, impuestos y cotizaciones sociales.
