Esta semana finaliza el plazo para que los antiguos accionistas y acreedores afectados por la resolución de Banco Popular soliciten "ser escuchados" por la Junta Única de Resolución (JUR), un procedimiento que sigue en pie a pesar de que el organismo presidido por Elke König decidió de forma preliminar que no cabía compensación para los damnificados.
Así, los afectados por la resolución del banco pueden ejercer su derecho de audiencia y registrarse antes de las 12.00 horas de este viernes 14 de septiembre, de manera individual, a través de un formulario online.
Tras finalizar el periodo de inscripción, las personas cuya elegibilidad ha sido verificada por la JUR podrán remitir sus comentarios y alegaciones al 'Informe Valoración 3' sobre Popular elaborado por Deloitte en una segunda fase.
Fue sobre la base de este informe que la JUR tomó la decisión preliminar de no compensar a los accionistas y acreedores del Banco Popular afectados por la resolución de la entidad, ya que el texto concluía que las pérdidas sufridas habrían sido superiores de haberse seguido un procedimiento nacional de insolvencia.
La institución presidida por König garantizó que todos los comentarios que se aporten en esta segunda fase serán debidamente analizados y tenidos en cuenta para preparar la decisión final de la JUR sobre si se concederá o no una compensación.
Ya son varios despachos y otros colectivos de afectados los que han afirmado que solicitarán su derecho de audiencia. Así, los grandes fondos tenedores de bonos de Banco Popular representados por el despacho Quinn Emanuel, entre los que se encuentran firmas como Pimco, Anchorage, Algebris y Ronit Capital, ya comunicaron el pasado mes de agosto que participarían en este procedimiento abierto por la JUR.
Asimismo, el despacho Rúa Abogados, que asesora a más de 6.000 afectados, ha puesto a disposición de los usuarios unas instrucciones detalladas sobre cómo proceder para ejercitar el derecho de audiencia ante el organismo europeo, a través de la web https://plataforma.ruaabogados.es/, facilitando a los afectados registrados las alegaciones sobre el citado informe para presentar ante la JUR de forma gratuita.
Lo mismo sucede en el caso de Navas & Cusí, que facilitará a sus clientes el trámite de audiencia abierto por la JUR, a pesar de mostrarse "bastante escéptico" respecto al proceso, ha indicado a Europa Press. "Si los recursos administrativos en España suelen ser un mero trámite, en el caso de la JUR mucho nos tememos que pasará lo mismo", lamenta el socio director del Despacho, Juan Ignacio Navas.
"La actitud de la institución ha sido muy poco empática con los accionistas y bonistas del Popular, pero siempre hay que quemar todos los cartuchos", señala Navas, quien ha comunicado que es por esto que el despacho aprovechará el derecho de audiencia que ofrece el organismo europeo.
También se muestran pesimistas desde la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), que cree que la JUR está "lavando su imagen" a través de este trámite para escuchar a los afectados. "Ya sabemos que no devolverá el dinero, sería como reconocer que no tomó la decisión correcta cuando resolvió el banco", ha señalado la presidenta de Asufin, Patricia Suárez.
Por su parte, la Asociación de Accionistas y Consumidores de Productos Financieros (Apabanc) sostiene que las posibles acciones ante la JUR no suponen "la vía más interesante" para los afectados, ya que se trata de acciones de vía administrativa "económicamente costosas para los afectados minoritarios y con plazos procedimentales que pueden dilatarse en el tiempo".
Además, el presidente de Apabanc, Ricard Torres, ha indicado a Europa Press que es "muy complejo y difícil" plantear alegaciones contra la decisión de la JUR, cuando aún no se cuenta con el 'Informe Valoración 3' de Deloitte ni con el informe de los peritos del Banco de España.
Otras firmas como Cremades & Asociados no consideran necesario que sus clientes soliciten el derecho de audiencia ante el organismo presidido por König, ya que el informe que emitirá "solamente sirve para comprobar si los accionistas o tenedores de otros instrumentos de capital hubieran recibido un mejor trato en el marco de un procedimiento de insolvencia", según ha explicado a Europa Press el socio Bernardo Cremades Jr, quien considera que lo "verdaderamente relevante" son los informes de valoración provisionales utilizados en junio de 2017 para proceder a resolver Popular y sus versiones definitivas, aún pendientes de emisión.
Más de un año después de la resolución del banco, los afectados por la resolución cuentan con varios frentes de reclamación abiertos y la presentación de alegaciones en audiencia ante la JUR no impide otras vías.
Según explica Navas & Cusí, las reclamaciones pueden dirigirse contra Santander, que asume las deudas y contingencias de Popular; contra el equipo de Emilio Saracho en Popular por no querer reformular las cuentas a pesar de asumir los desajustes; contra el equipo de Ángel Ron por no reflejar adecuadamente la imagen fiel de la situación económico-patrimonial de la entidad, y contra el Gobierno, el Banco de España y la troika, por autorizar la macroampliación de capital de 2016 en tramo minorista a clientes inexpertos y poco conocedores del mercado.
Así, actualmente hay en marcha un recurso de anulación contra la resolución de la JUR ante el Tribunal General de la UE (TGUE), un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del FROB en la Audiencia Nacional, una querella en la vía penal ante el Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, una reclamación por responsabilidad patrimonial contra el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y numerosas demandas individuales por la vía civil.
Mientras que Rúa Abogados tiene abiertas todas estas vías de reclamación, Navas & Cusí defiende que la mejor vía para que accionistas y bonistas recuperen su dinero es por la vía civil al Santander, ya que el contencioso-administrativo al FROB está suspendido hasta que se resuelvan los procesos pendientes en la TGUE.
"El heredero asume el activo, el pasivo y las contingencias; igual que el Santander está cobrando las hipotecas del Popular y ejecutando en caso de impago, debe asumir la contingencia de unos accionistas y bonistas que de la noche a la mañana ven esfumarse sus ahorros", afirma Navas.
Desde Apabanc entienden que las dos mejores vías para los accionistas son las reclamaciones son la vía penal o la acción civil individual ante la Audiencia Nacional por nulidad y daños, en función de la fecha de adquisición de títulos, ya que hay "fundadas evidencias" de que las cuentas anuales de Popular antes de la intervención no reflejaban la imagen fiel de la entidad. "Eso va a permitir a los afectados del 2016 y años anteriores poder recuperar su inversión a un coste y plazo muy razonables", argumentan.
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