Una vez que concluyó el proceso electoral no significa que acabó la violencia política contra aquellas mujeres que hicieron campaña y ganaron un cargo de elección, por el contrario, se puede recrudecer ahora que vienen las negociaciones, disputas y grescas propias del debate público.
En medio de las discusiones parlamentarias y las decisiones para conducir la administración de cada localidad se van a desatar desacuerdos ideológicos, pero también puede surgir el enfado por la presencia de más mujeres, es decir, riesgo de agresiones físicas, amenazas, intimidaciones digitales y demás formas de violencia contra las candidatas electas.
Organizaciones, académicas y defensoras de los derechos de las mujeres coinciden en que ahora que el Congreso de la Unión tendrá la mayor participación de mujeres (49.2 por ciento de legisladoras en el Senado y 48.2 por ciento en la Cámara de Diputados, y 48.7 por ciento de diputadas federales en 25 estados) no se puede perder de vista la violencia.
Durante el periodo de campañas fueron asesinadas siete precandidatas o candidatas a un cargo de elección en Oaxaca, Puebla, Michoacán, Chihuahua, Quintana Roo y dos en Guerrero; además el Instituto Nacional Electoral (INE) reportó que 225 renunciaron a sus aspiraciones políticas.
No en todos los casos se conocen las razones de las denuncias, pero hay casos como el de la candidata a la presidencia municipal de Chalchihuites, en Zacatecas, Claudia Olivares Duarte, quien renunció tras amenazas constantes y luego del abuso sexual a una de sus sobrinas.
Ahora que las mujeres se alistan a gobernar o legislar, la violencia sigue, como muestra el 1 de septiembre Elvia del Socorro Ortega, síndica electa en el municipio michoacano de Buenavista Tomatlán, renunció al cargo y al nombramiento de presidenta municipal, puesto que debía asumir tras el asesinato del alcalde electo, el pasado 20 de julio.
El caso de la candidata electa de Michoacán, en el que se presumen presiones para obligarla a renunciar, no es el único.
El 3 de septiembre el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas alertó de las solicitudes de renuncia de regidoras y diputadas locales que obtendrían un cargo por la vía plurinominal, al parecer también presionadas por sus partidos para ceder su lugar a los varones.
La analista y doctora en Antropología Social, Georgina Cárdenas Acosta, explicó que una vez que terminó el proceso electoral queda la duda de quién va a atender y proteger a las mujeres electas que están siendo violentadas, porque además de voluntad se necesita que las instituciones tengan facultades para actuar.
Este 3 de septiembre el INE, a través de la Comisión temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación, lanzó la plataforma Red de Mujeres Electas para que las nuevas funcionarias reciban información y asesoría en caso de ser víctimas de violencia política de género.
Cárdenas Acosta, también investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM y quien realizó el estudio denominado “Mujeres Gobernando lo local”, asegura que si bien es meritorio este esfuerzo del INE, la autoridad se dedica a temas electorales, por lo que hay que revisar qué acciones puede implementar además de crear una red.
Explicó que la documentación y las investigaciones teóricas indican que cuando las mujeres llegan al cargo viven las peores violencias, de allí la importancia de que haya instancias que atiendan, y que pueden ser desde una contraloría interna hasta una autoridad ministerial.
Las mujeres ya llegaron al poder, pero van a encontrar una serie de resistencias, como se ha visto en otros procesos electorales, por ejemplo, a las alcaldesas, síndicas y regidoras no se les convoca a las sesiones, no les permiten contratar personal de apoyo, se falsifica su firma o les niegan información necesaria para ejercer sus actividades, aseguró Cárdenas Acosta.
Para la académica es necesario contar con una definición de violencia política de género y con atribuciones para cada autoridad involucrada en la prevención, atención y sanción, porque si hoy por hoy las mujeres no denuncian es necesario que tengan organismos que actúen.
En este proceso electoral, 26 de los 30 organismos electorales de los estados que tuvieron elecciones lanzaron la Red de Candidatas, que sirve para dar seguimiento a las campañas de las mujeres desde los organismos electorales, explicó la consejera electoral de Jalisco y presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales (AMCEE), Virginia Gutiérrez Villalvazo.
Muchas mujeres rechazaron participar por falta de confianza en las instituciones electorales, desconocimiento del tema e inclusive confusión con la violencia generalizada en el país, además de miedo a posibles represalias de los agresores o de sus propios partidos, los que las castigarían al no volver a invitarlas a participar en política, explicó Gutiérrez Villalvazo.
Aun así, en los resultados del proyecto se reportaron 114 casos de violencia política de género. Puebla fue el estado con más casos al contar 15, mientras que en Sonora solo se registró uno; también destaca que los que no reportaron casos fueron Tlaxcala, Estado de México, Hidalgo, Sinaloa y Yucatán.
El mayor reto, explicó la consejera electoral, fue la resistencia de las candidatas a otorgar su consentimiento para que el organismo les pudiera dar seguimiento durante sus campañas.
Estos factores de resistencia también se evidencian a la hora de denunciar, toda vez que de los 114 casos, solo se tiene registro de 41 denuncias, lo que representa 36.9 por ciento. El tema más denunciado fue el de ofensas, con 61 casos (53 por ciento) y siguió el de amenazas, con 19 casos (17 por ciento). También destaca que el mayor número de estas agresiones fue a través de redes sociales, aunque algunos se reportaron en mítines, entrevistas y debates.
Keila González, directora del Instituto Nacional Demócrata (IND), organización internacional dedicada a fortalecer la democracia, reiteró que hay que dar seguimiento a los casos de violencia política de género, porque no es un fenómeno que solo ocurra durante las elecciones.
Con la experiencia de acompañamiento de redes del IND, que lanzó la campaña #NoEsElCosto, González señaló que si ya hay una minuta para incluir el término de violencia política, que se quedó congelada en la Cámara de Diputados, es hora de pasar del discurso a la acción, porque ya se reconoce que la violencia no puede ser el costo de participar en los procesos políticos.
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