El abogado Julio Montenegro de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), denunció que los magistrados de la Sala Penal II le nombraron como jueza ejecutora en el caso del líder estudiantil, Edwin Carcache Dávila a una abogada que radica en Estados Unidos desde hace cuatro meses.
“En el caso de Edwin Carcache sucedió lo mismo que en otros casos donde han nombrado como jueces ejecutores a abogados que no están en el país o la dirección dada por el tribunal no se corresponde con su domicilio u oficina”, explicó Montenegro.
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El abogado de la CPDH que asumirá la defensa de Carcache presos desde el pasado martes en la celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, DAJ, expresó que después de constatar que la abogada Zoila Margarita Sánchez vive en Estados Unidos, desde el pasado mes de mayo avisaron a la familia de Carcache para que acudan al TAM a solicitar el nombramiento de un nuevo juez ejecutor.
Esta situación obliga a la familia de Edwin Carcache esperar hasta el próximo lunes para pedir el cambio de juez ejecutor y 24 horas más para que los magistrados de la Sala Penal II del TAM hagan la nueva designación.
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En los meses de mayo, junio y julio los familiares de varios reos políticos tuvieron que pedir dos y hasta tres veces el nombramiento de nuevos jueces ejecutores porque los nombrados por el TAM no existían, las direcciones dada por el tribunal no se correspondían con sus domicilios u oficina o bien eran funcionarios públicos.
Hasta las dos de la tarde del sábado cuando concluyó la última audiencia de la jornada en los tribunales capitalinos la Fiscalía no había presentado ninguna acusación contra Edwin Carcache a quien la Policía Nacional presentó como líder “terrorista”.
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Edwin Carcache fue detenido por la Policía Nacional el pasado martes junto a otros cinco universitarios de los cuales cuatro de ellos fueron liberado esa misma noche y otro la mañana del viernes.
