La atrocidad de los 43 se volvió muy pronto una suerte de negocio de tiempo completo. Tenemos así a interesados activistas que, pretextando que “fue el Estado”, viajan a todas partes y elevan airadamente sus voces en toda ocasión exigiendo una justicia que ya se hizo (aunque el desprestigio de un Gobierno marcado indeleblemente por los actos de corrupción le reste la credibilidad que necesitaría para cerrar el caso ya de una vez por todas).
Vaya explotación tan innoble del dolor, señoras y señores. En todo caso, la gran reclamación debería de centrarse en la dejadez de unas autoridades que no han logrado controlar la delincuencia en este país y que han pecado de omisión, ahí sí, porque debieran ser las primerísimas responsables de apuntalar la seguridad que merecemos los ciudadanos.
Pero, no: aquí los grandes culpables no serían los sicarios de una sanguinaria organización criminal, esos mismos que son combatidos por nuestras Fuerzas Armadas a falta de unos cuerpos policíacos confiables y competentes, sino quienes nos gobiernan. Habría entonces que liberar a los canallas que asesinaron cruelmente a los jóvenes estudiantes y desestimar las confesiones de quienes han relatado cómo quemaron sus cadáveres y de qué manera intentaron deshacerse de cualquier indicio posible. En cuanto al alcalde de Iguala, el tal José Luis Abarca, merecería también una exoneración directa y las acusaciones deberían entonces centrarse en Enrique Peña y los suyos, indefectiblemente señalados por los mentados activistas (y por unos padres cuyo sufrimiento es tan respetable como dudosa es su disposición a validar la absolución de los verdaderos asesinos).
La mera formulación de estas aseveraciones parece un ejercicio de cruda insensibilidad porque estamos hablando de una inmensa aflicción, la de personas que han perdido a sus seres más queridos en la más tremenda de las circunstancias. Y, en efecto, el reclamo de justicia de estos deudos es urgente y perfectamente legítimo, pero su cruzada personal se ha entremezclado de oscuros intereses: hoy día, casi cualquier suceso se trasmuta en una causa promovida por agitadores cuyo único propósito pareciera la desestabilización del país escenificando, un día sí y el otro también, acciones de “protesta social”. Al parecer, siguen siendo muy altos los réditos políticos de exteriorizar el descontento en las calles. O, tal vez, perturbar la vida pública de las ciudades es un propósito en sí mismo.
La conmemoración de acontecimientos es de cualquier manera una práctica obligada en una sociedad ritualista como la nuestra pero el imparable acaecimiento de calamidades atribuibles al “poder” ha servido de pretexto adicional para organizar algaradas, bloqueos, cierres de autopistas, tomas de casetas de peaje y manifestaciones. Nada de esto ocurre de manera espontánea, sin embargo, ni resulta del natural impulso de participar, de hacer escuchar su voz, de reclamar derechos sustantivos y de ejercer las potestades del ciudadano informado, demandante y exigente de verdad. No, estas movilizaciones están pagadas por grupos que buscan beneficios clientelares y provechos inmediatos ejerciendo la “política” en su más baja y despreciable acepción, a saber, la de un chantajismo apenas disfrazado pero nutrido, eso sí, de feroces vociferaciones y amenazas, cuando no de declaradas violencias.
Es la industria nacional de la protesta, una auténtica forma de vida. Ahora mismo, la inquietante agitación que está teniendo lugar en nuestra Universidad Nacional resulta de la intervención de unos grupos de choque —los famosos “porros”— apadrinados también por juntas de provocadores especializados en la intimidación. Y muy pronto, a esos estudiantes que se movilizan por su cuenta para exigir garantías y mínimas condiciones de seguridad en sus escuelas se sumarán los antagonistas de siempre; tendremos así un movimiento intervenido por terceros —los de Atenco, la CNTE, los 43, el SME, etcétera, etcétera— que habrá perdido toda seña de identidad y en el cual las muy legítimas reclamaciones sobre puntos perfectamente concretos se habrán diluido en ese interminable catálogo de reivindicaciones desaforadas (“vivos se los llevaron, vivos los queremos), demandas espurias (aunque no explicitadas, como la de que las plazas de maestros vuelvan a estar en manos de la Sección 22 del sindicato) y acusaciones tremebundas.
El presidente electo ha avisado que se van a acabar los grupos de choque “y los porros”. Es un propósito en verdad digno de encomio. Esperemos entonces que la agitación —programada de manera calculada para servir los intereses más personales de politicastros, líderes de facciones, representantes “populares” y otros actores en la sombra— llegue a su fin como una práctica corriente en la vida pública de este país.
El fin de los provocadores violentos sería, sin lugar a dudas, una verdadera transformación nacional.
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