La policía denuncia diariamente la prostitución desde que se instauró la Ley de Seguridad Ciudadana en España en 2015. Con la llamada Ley Mordaza, en 2017, se interpusieron, de media, 1,3 denuncias diarias contra mujeres por ejercer la prostitución. Desde la entrada en vigor de la norma, las autoridades han presentado más de 1.100 denuncias por realizar actos “contra la libertad e indemnidad sexual o de exhibición obscena”. Así consta en los datos obtenidos por eldiario.es a través del portal de transparencia.
A falta de una legislación integral sobre prostitución, diversas asociaciones de prostitutas se quejan de las denuncias constantes que reciben y de la criminalización a la que se ven sometidas por la Ley Mordaza. Este colectivo es multado o bien por “desobediencia a la autoridad”, o bien por “exhibición obscena”, ambos recogidos en los artículos 37.5 y 36.6.
Para María Luisa Maqueda, Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Granada y autora del informe “La prostitución, el pecado de las mujeres”, ambas razones sirven para perseguir y criminalizar a quienes ejercen la prostitución en España. “Las infracciones por desobediencia y por comportamientos obscenos en la vía pública de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana criminalizan su entorno”, detalla la experta. Además, considera que denunciar por desobediencia “es una forma encubierta de criminalizar su ejercicio” y la consideración de algo como obsceno queda a juicio del policía en cuestión.
El pasado año, las denuncias presentadas por incitación al acto sexual y/o exhibición obscena alcanzaron la cifra de 477 actas abiertas; casi una y media por día. Una situación que se repite en el tiempo, ya que en 2015, coincidiendo con la entrada en vigor de la ley a mediados de año, se abrieron unas 255 denuncias y en 2016, 454.
No es la primera vez que esta situación de criminalización por la Ley Mordaza se reclama. Al mes y medio de la entrada en vigor, el colectivo Hetaira ya denunció cómo esta normativa empezaba a multar a las prostitutas que trabajaban en el polígono Marconi. Fue en este lugar donde, precisamente, la que fuera delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, anunció que se iba a incrementar la presión policial contra la prostitución.
En 2017 y 2016, más de la mitad de las denuncias impuestas por el artículo 37.5 acabaron en sanción. En lo que quedaba de 2015 (la Ley Mordaza entró en vigor en julio) solo el 30% tomaron esa vía. Con todas las multas impuestas, 591, en tres años se han llegado a recaudar unos 100.400 euros. Las infracciones de este tipo, consideradas como leves, se sancionan con multas que van desde los 600 a los 10.000 euros.
Madrid sería la provincia que más denuncias ha acumulado, sin contar con Cataluña y Navarra cuyas competencias están transferidas. El año pasado tan sólo en la capital se presentaron 275 denuncias, más de la mitad del total nacional. A ella le siguieron Valencia (4%), Pontevedra (4%) y Alicante (3%).
Hay en zonas en las que no sólo se aplica la Ley Mordaza si no también la legislación correspondiente de la zona, como por ejemplo Cataluña. Desde esta comunidad autónoma, de la que no se han conseguido datos por tener las competencias transferidas, la Asociación en defensa de los derechos de las mujeres Genera reclama que “a una mujer en ciertas zonas se las podría multar hasta por tres normativas”. En este caso se le podría aplicar la Ley de carreteras ciudadana, la ordenanza municipal y la de Seguridad Ciudadana. “Es una prueba bastante fuerte de cual es el nivel de criminalización y persecución que se ejerce contra las mujeres”, señala.
Desde la asociación comentan que la mayor parte de las denuncias que han ayudado a recurrir han estado relacionadas con desobediencia a la autoridad, cuyas sanciones pueden alcanzar el triple que una infracción por exhibición obscena, hasta 30.000 euros, al tratarse de una infracción grave.
Desde 2015 hasta 2017 se han puesto más de 29.000 multas por este motivo, según datos del Ministerio de Interior. No todas están relacionadas con la prostitución. Un dato que no es posible diferenciar pues no aparece la información desagregada en el portal de estadísticas.
“Normalmente este tipo de políticas de sanción no van dirigidas a los clientes; van a empeorar la vida de las mujeres a través de políticas de persecución”, indican desde Genera y añaden que victimiza a aquellas que puedan ser víctimas de trata. “Evidentemente es una política de criminalización, tremendamente peligrosa y prioriza una cuestión moral a una ética”.
“No estamos jamás de acuerdo con que se penalice a las mujeres”, indica Marisa Solero de la Fundación Mujeres, organización partidaria del abolicionismo de la prostitución. “Queremos la penalización de los proxenetas y de los clientes, pero nunca de las mujeres”, indica. “No se deposita la responsabilidad en las mujeres y por lo tanto la responsabilidad está en otro sitio”, recalca.
