Querían «impedir el normal funcionamiento» del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), según la Fiscalía. Convocados por los Comités de la Defensa de la República (CDR), la CUP y otras entidades de la izquierda independentista, unos 200 manifestantes se concentraron la mañana del 23 de febrero ante el Palacio de Justicia de Barcelona para reclamar la libertad de los líderes políticos encarcelados.
Algunos de los manifestantes subieron la escalinata exterior del complejo judicial y se encadenaron a sus puertas, otros se sentaron en las escaleras y un nutrido grupo se plantó en medio de la carretera del paseo Lluís Companys, obligando a la Guardia Urbana a cortar el tráfico. Las pancartas desplegadas y los folletos repartidos dejaban claras sus intenciones. Entre los lemas estaban «23F, paremos el golpe de Estado; es la hora del pueblo, solo el pueblo salva al pueblo, CDR», y la consigna «bloqueando este Tribunal de Justicia de Cataluña».
La fiscal, en su escrito de acusación de cara a un juicio todavía sin fecha, reclama dos años y medio de cárcel para 11 activistas que se encadenaron en el edificio, a los que acusa de desórdenes públicos. También pide un año de cárcel para otra de las activistas que, mientras los Mossos d’Esquadra trataban de cortar con tenazas las cadenas para detener a los que se habían encadenado, propinó una patada en la pierna a uno de los agentes que trataban de apartarla del medio de la calle. Reclama la misma pena para otro procesado que espetó «patadas y puñetazos» a otro policía, según el relato que la fiscal hace en su escrito de acusación al que ha tenido acceso ABC. A estos dos últimos activistas les acusa de los delitos de desobediencia y resistencia grave a los agentes de la autoridad. La protesta hizo necesaria la presencia de más de un centenar de efectivos policiales, según la fiscal. Dos horas más tarde se restableció el norma funcionamiento del edificio judicial y de la vía. En total, los Mossos detuvieron a 14 activistas. Uno de ellos quedó entonces en libertad por ser menor y los otros 13 son los que irán a juicio.
Alerta Solidària
La organización Alerta Solidària, una de las convocantes, lamentó ayer en este escrito de acusación de la Fiscalía. La entidad defiende que fue solo una «protesta legítima» ante la «perversión al que está llegando el sistema judicial español» que, según ellos, se obsesiona con el independentismo.
Los Mossos d'Esquadra trasladan a uno de los activistas
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Reuters
