Hay conflictos que se aminoran sin esfuerzo y otros que no. El sindicato CGT-A mantiene uno abierto con la Junta a cuenta de las condiciones laborales de los trabajadores que prestan servicio en los centros de emergencia del 112 en la comunidad y ha implicado en él, a través de una queja, al Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu. En un escrito rubricado por éste, al que accedió LA RAZÓN, se hace constar que, de acuerdo a la extensa documentación que engorda el expediente, han existido «numerosas ‘incidencias’ de índole laboral en la prestación de este servicio público», sin que el Defensor tenga conocimiento de que se haya «iniciado expediente informativo alguno para determinar la entidad» de los mismos ni para «proceder, en su caso, a iniciar el correspondiente expediente de penalización». Llama la atención de Maeztu en especial «las frecuentes situaciones de huelga». Es más, advierte a la Junta de que hay sentencias judiciales por vulneración de ese derecho de los empleados, como ya informó este diario, y de que, «en caso de adquirir firmeza, constituirían infracciones muy graves», según lo marcado en el articulado del «Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto», por el que se aprobó el «texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social». Un supuesto que «está incurso entre las prohibiciones de contratar con la Administración», remata.
Tras realizar una composición de hechos a partir de las versiones de ambas partes, desde esa institución se hace un rosario de recomendaciones al Ejecutivo regional, en concreto a la Consejería de Justicia e Interior, competente en la materia. Para empezar, se insta a ese departamento a reforzar «la aplicación de las consideraciones sociales» que se fijaron «en el acuerdo del Consejo de Gobierno» de «18 de octubre de 2016», por el que se impulsó «la incorporación de cláusulas sociales y ambientales en la contratación pública en este ámbito» plasmadas luego en una guía, las obligatorias y las que no lo son. En ese sentido, se pide al Gobierno andaluz que «se otorgue al cumplimiento de dichas obligaciones por parte del contratista la misma consideración que al resto» de deberes contractuales y que «se sometan al mismo control». Es más, pide que éste se refuerce en relación a «las obligaciones en materia laboral, de seguridad social, seguridad e higiene y prevención de riesgos laborales por parte de la empresa adjudicataria –en la actualidad, Ferrovial–». Y es que entre los párrafos que componen el escrito consultado por este periódico pesa en el que se señala que «las frecuentes incidencias de índole laboral que se producen en la ejecución de este contrato» y «el desconocimiento por parte del órgano de contratación –la Junta– de actuaciones administrativas y judiciales por infracciones laborales» de la concesionaria, el Defensor no puede «concluir que se realice» una «efectiva» vigilancia de la ejecución de las mencionadas responsabilidades laborales y sociales. «En un tipo de contratación como es la del servicio de operaciones, desarrollo y análisis en los centros regionales y provinciales de Emergencia 112 Andalucía, en el que el componente personal es básico y viene planteando frecuentes incidencias relativas al cumplimiento de la normativa laboral –se plantea en el escrito–, resulta necesario e imprescindible que las medidas de control de estos aspectos se refuercen y se lleven a efecto de modo sistemático y permanente». Para ello, no basta, a su juicio, con «los indicadores de calidad que se obtienen de la evaluación del funcionamiento del servicio», a los que se agarra Justicia e Interior. El Defensor pretende, en suma, que «se precisen las consecuencias» de esos quebrantos por parte de la contratista, «con criterios de ponderación» o «proporcionalidad», y las medidas a adoptar según «su incidencia en la normal y regular prestación de un servicio público que tiene la consideración de esencial para la comunidad».
El conjunto de indicaciones desgranado incluye la de incorporar a los documentos contractuales del expediente los elementos necesarios «de índole técnica y organizativa», que «garanticen la seguridad de los datos que hayan de ser tratados por la empresa contratista», si no se ha hecho. Esto alude a que una de las denuncias de CGT pasaba por cuestionar la cesión de información de los usuarios del 112 a entidades privadas y a personas que no pertenecen a estructuras públicas a través de las subcontratas.
Un plazo de un mes para mover ficha
Hecha su hilera de observaciones, desde la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz se ha dado al Gobierno autonómico un plazo de un mes, que se agotará en esencia con este agosto, para que le traslade, vía nuevo escrito, su aceptación de las mismas. De no estar dispuesta a hacerlo, la Junta deberá exponer sus razones para no asumir las recomendaciones realizadas por la institución que dirige Jesús Maetzu.
