Según el artículo 28.1 de la ley 4/2017 de los derechos y la atención a las personas con discapacidad en Andalucía, la Junta hará efectiva la «reserva de plazas en las ofertas de empleo público y en las bolsas de trabajo temporal de un cupo no inferior al 10 por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad». Ésta es la teoría, pero en la práctica, tal y como denuncia la Asociación de Docentes Discapacitados Andaluces (ADDA), la Administración autonómica «incumple» su propia norma en las bolsas de trabajo del personal docente de la Consejería de Educación, por lo que pedirá que le sean otorgadas medidas cautelares para alcanzar el preceptivo porcentaje.
La ley especifica también que se reservará un 2 por ciento para personas con discapacidad intelectual y un 1 para personas con enfermedad mental que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, «siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas». Sin embargo, tomando como referencia la adjudicación de destinos provisionales de docentes para el próximo curso, los datos no alcanzan lo que establece la norma. En la bolsa de maestros, por ejemplo, de los 104 integrantes con discapacidad acreditada se han asignado únicamente 38 vacantes de las 981,3 reservadas por la ley. Es decir, el 0,38 por ciento. Estas personas son interinas y ningún aspirante ha recibido vacante.
En los cuerpos de Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas e Idiomas había un total de 220 integrantes con discapacidad acreditada –98 de ellos están en diferentes bolsas–. Finalmente se han asignado 98 vacantes de las 1.600,5 reservadas por la ley. En total, un 0,61 por ciento. Igualmente, todos son interinos y ningún aspirante ha recibido vacante.
La presidenta del colectivo, Silvia González, alerta a LA RAZÓN de que, uniendo las bolsas de Educación Primaria y Secundaria, «no llegamos ni al 1 por ciento». Un caso paradigmático es la adjudicación de una plaza a una sola persona con discapacidad en la especialidad de Educación Física. En total, tal y como señala González, hay unos 800 docentes con algún tipo de discapacidad, quedando fuera un centenar que «cumplen los requisitos y no obtienen plaza».
Los representantes de ADDA llevan reuniéndose con los responsables de la Consejería de Educación desde el año 2015 y todavía no han arrancado un compromiso claro. El Defensor del Pueblo sí ha escuchado sus reivindicaciones y ha planteado algunas opciones, como la activación de una bolsa diferenciada, pero los responsables de Educación siguen haciendo oídos sordos.
En el caso de las ofertas públicas de empleo (OPE), González pone el acento en que, cuando no son cubiertas las plazas reservadas a docentes con discapacidad, en vez de reservarse para futuras convocatorias pasan a ser ocupadas por el personal del turno general, lo que supone «un nuevo incumplimiento de la legislación». De hecho, en la reciente convocatoria de Secundaria, se perdieron 377 plazas de las 526 que se reservaron. González también advierte de que este incumplimiento sólo se da en la Consejería de Educación, mientras que en otras consejerías sí se aplica la ley en relación a la política laboral.
La Junta, por su parte, ya se ha referido en más de una ocasión a este asunto, negando en todo momento que esté incumpliendo lo que marca la ley. En una intervención parlamentaria el pasado mes de julio, la consejera del ramo, Sonia Gaya, aseguró que su departamento ha mostrado «su voluntad política de dar siempre un paso más allá» en relación al colectivo. Y puso como ejemplo el establecimiento de un sistema diferente de petición de destinos que ofrece en exclusiva la posibilidad de escoger centro educativo y localidad concreta, pidiendo «lo que más se ajusta a sus necesidades». «Siempre trabajamos en favor de la igualdad de oportunidades sin lesionar derechos de terceros», señaló.
