A diez años de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, nuestro país no cuenta con un sistema de “clase mundial”, porque faltan por lograr muchos estándares para brindar a los mexicanos la justicia que merecen, reconoció Álvaro Vizcaíno Zamora, secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El funcionario federal señaló que uno de estos problemas es la “puerta giratoria”, personas que son detenidas y liberadas una y otra vez, además de otras debilidades.
Advirtió que construir dicho sistema “no es fácil”, porque se requiere de voluntad política por parte de todos los actores de municipios, de entidades federativas y de la Federación; se necesita dinero, el cual, aseguró, regularmente no es suficiente y lo poco que se tiene se debe usar “con absoluta racionalidad”, debido a las “prioridades nacionales” en gasto público.
Ante funcionarios del gobierno de Estados Unidos y de México, entre ellos, de fiscalías y de la Procuraduría General de la República que participan en el II Simposio Internacional de Ciencias Forenses, como parte de la Iniciativa Mérida, el titular del secretariado manifestó que a lo anterior se suman las “críticas de la sociedad civil”, unas completamente fundadas, que los impulsan y motivan, y otras totalmente infundadas.
“¿Cómo estamos hoy? Tenemos algunos problemas muy identificados en el Sistema de Justicia Penal; por ejemplo, la llamada puerta giratoria. Cuando una persona es detenida por la policía, presentada ante el Ministerio Público, a su vez presentada ante un juez de control, en otros países llamados jueces de garantías o jueces de legalidad, y usualmente o en muchos casos esa persona es puesta en libertad una y otra vez. A eso se le ha llamado la puerta giratoria.
“¿Cuál es el tope a la puerta giratoria? El tope a la puerta giratoria son las Unidades de Medidas Cautelares; en otros países se les conoce como las unidades previas a juicio, unidades que no se construyeron en los primeros años de proceso de implementación del Sistema de Justicia Penal, unidades que tienen que elaborar un análisis de riesgo del imputado para que, con base en este, el fiscal como el defensor debatan ante el juez cuál es la medida cautelar idónea para una persona acusada de la comisión de un delito y eventualmente si esto es la prisión preventiva, pues que se la imponga”, añadió.
Vizcaíno mencionó que actualmente el catálogo de prisión preventiva contiene unos cuantos supuestos, y hoy no existen delitos graves, porque ese el sentido del nuevo sistema.
“La solución es crear Unidades de Medidas Cautelares; hace dos años, solo cuatro entidades federativas contaban con esas piezas del sistema de justicia de intermedias a óptimas. Hoy se cuenta con 32 unidades, pero tienen que madurar y seguir avanzando”.
Otros problemas, enfatizó, es el Informe Policial Homologado, que es una pieza débil del NSJP; también la subutilización de mecanismos de solución alternativos de conflictos. Comentó que es necesario que se deben procesar más delitos por investigación científica y menos asuntos por flagrancia.
“El quinto reto o desafío, es la calidad, y la calidad tiene dos vertientes: la profesionalización de los integrantes de las instituciones, a través de programas homologados, a través de docentes preparados y también la certificación de los procesos de las personas y de las instituciones”, declaró.FISCAL DE EU
Por su parte, John P. Cronan, principal fiscal general asistente adjunto de Estados Unidos, ex jefe de la Unidad contra el Terrorismo y Antinarcóticos de esa nación y a nivel internacional, subrayó que la intención de su país es ayudar a México en materia de ciencias forenses para evitar que los delincuentes evadan la justicia.
Destacó los avances en laboratorios forenses de México, particularmente el del estado de Puebla, que es el único en territorio nacional que cumple con las seis disciplinas que debe tener un laboratorio de este tipo.
“Todos obtenemos beneficios de dichos intercambios de quienes aspiran proteger a los ciudadanos ante el surgimiento de organizaciones criminales”.
A su vez, Tobin Bradley, director de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, de la Embajada de EU en México, mencionó que 37 laboratorios forenses en ocho estados del país y en la Ciudad de México han sido acreditados, mientras que 17 están en proceso de acreditación.
Recordó que la Iniciativa Mérida apoya la acreditación de las 32 academias de policías, centros de comunicación, en oficiales de investigación, prisiones y certificación de toda la fuerza policial, entre otros.
jbh
