Podemos presentó la semana pasada un documento titulado «Dejar atrás la austeridad. Propuestas para afrontar la senda del déficit». Son 16 páginas de exigencias al Gobierno si quiere contar con el apoyo de su 67 diputados, necesarios si desea que el techo de gasto y el escenario macroeconómico sobre el que se sustentarán los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año salgan adelante, aunque sea con retraso. La receta de Podemos es clásica: arremeter contra las denominadas clases pudientes, la banca y las grandes corporaciones empresariales para acabar de una vez por todas con la política de austeridad que, en su opinión, se ha aplicado a la clase trabajadora.
La realidad parece algo distinta. La subida de impuestos que respaldaría Podemos, la creación de nuevas figuras impositivas, la desaparición de deducciones o el destope de las cotizaciones laborales ha disparado las alertas en empresas, ciudadanos, instituciones económicas y hasta en la Comisión Europea. Según los cálculos realizados por LA RAZÓN sobre la base documental de los Presupuestos Generales del Estado y la Memoria Tributaria correspondiente a 2016 (la última publicada por el Ministerio de Hacienda), las modificaciones previstas pueden afectar directamente a cerca de 4 millones de contribuyentes. De forma indirecta, un impuesto sobre los beneficios de la banca, sobre el diésel o medioambiental acabaría repercutiendo en la práctica totalidad de la población. Más de 1,5 millones estarían afectados por la eliminación de las deducciones por aportaciones a los planes de pensiones; 1,45 millones, por el destope de las cotizaciones sociales y más de 671.000, por un incremento del tipo impositivo para aquellas personas que declaran ganar más de 60.000 euros brutos/año.
El pasado 27 de junio se celebró en España el llamado día de Liberación Fiscal. Conmemora la fecha en la que la media de los españoles deja de trabajar para el Estado. Según el informe elaborado por el «think tank» Civismo, cada contribuyente dedica una media de 177 días al año para pagar todos los impuestos que tiene que soportar: IRPF, IVA, cotizaciones sociales, IBI, impuestos especiales, impuesto circulación... Alrededor de la mitad del año exclusivamente para pagar sus impuestos. Más de 12.000 de euros para un trabajador cuyo coste laboral (salario que se lleva a casa más cotizaciones sociales) ronda los 28.700 euros anuales.
Estos datos no parecen ser suficientes para Podemos y, en parte, para el PSOE. Al menos, por lo declarado en la presentación de las líneas maestras de los PGE 2019 hace casi un mes y que fueron rechazadas en la primera votación realizada en el Congreso de los Diputados, en la que sólo contó con el apoyo del PNV. Estos son los cambios más importantes que exige Podemos al Gobierno.
IRPF
Más impuestos a los que ganan más de 60.000 euros
Al Gobierno y a Podemos no le parece suficiente que la quinta parte de los contribuyentes españoles aporte casi las tres cuartas partes de toda la recaudación por los rendimientos del trabajo. En otras palabras y números, más de 10,6 millones de contribuyentes (no confundir con españoles) declararon ganar menos de 60.000 euros anuales en 2016. Sólo 671.812 dijeron superar esa cifra. Pues bien, es a esa población a la que Podemos exige incrementar el tipo marginal del IRPF, que, por cierto, es el mismo que paga una persona que gane 10 millones de euros. Un incremento hipotético del 20% en el tipo marginal que hoy se paga podría permitir a Hacienda recaudar apenas 5.000 millones de euros. Sirva como referencia que sólo el pago de los intereses de la deuda supera los 31.000 millones.
COTIZACIONES
Acabar con el actual límite de 45.000 euros
Aunque un ciudadano gane más de 45.000 euros brutos anuales, su empresa y él no cotizan por más de esa cantidad. Es la cifra máxima vigente en estos momentos. Según cálculos realizados por la CEOE, la medida puede afectar a más de 1,45 millones de trabajadores. ¿Dónde estaría la diferencia? Imaginemos un trabajador que gana 100.000 euros anuales brutos. Entre él y su empresa pagan por cotizaciones sociales un 36% (30% la empresa y 6% el trabajador) de 45.000 euros ahora. Si se destopan las cotizaciones, la empresa tendría que pagar otro 30% de los 55.000 euros restantes (16.500 euros más) y el trabajador, un 6%, equivalente a 3.300 euros adicionales. La medida podría repercutir muy negativamente en las empresas, que tendrían que abordar un incremento muy importante de sus gastos sin que sus ingresos se vean beneficiadas por la medida. Fuentes empresariales consultadas por LA RAZÓN advierten de que si se llevara a cabo este medida las empresas se verían obligadas a buscar fórmulas para soportar el impacto y una de ellas podría ser la deslocalización de la gente con salarios elevados. Piensan además que sería dar alas a la potenciación de la economía sumergida, que ya representa el 22% del PIB.
PLANES DE PENSIONES
Eliminar las deducciones fiscales del ahorro a largo plazo
En la página 10 del documento enviado por Podemos al Gobierno y dentro del capítulo impuestos corrientes, la formación de Pablo Iglesias pide la eliminación de las deducciones fiscales de los planes privados de pensiones en el IPRF. No hay ninguna referencia más. En la actualidad, las aportaciones que se realizan a los planes de pensiones gozan de una deducción del 15%. Las deducciones están limitadas ya a 8.000 euros anuales sin tener en consideración la edad del contribuyente, como antes sucedía. No está muy claro qué persigue la idea, porque desde el punto de vista recaudatorio estos beneficios fiscales no tienen la más mínima importancia. Según el libro amarillo de los Presupuestos Generales del Estado para el presente año, el Estado «dejó» de recaudar 771 millones por los beneficios fiscales concedidos a estar aportaciones. En 2012, en pleno estallido de la crisis, la cifra ascendió a 962 millones. Teniendo en cuenta que los ingresos tributarios ascendieron en 2017 a 193.950 millones de euros, estamos hablando del «chocolate del loro».
SOCIEDADES
Fijar un suelo del 15% para la tributación empresarial
Podemos sigue pensando que las empresas, especialmente las grandes corporaciones, acaban pagando menos de lo que fija el tipo del Impuesto sobre Sociedades. Las deducciones por inversión, internacionalización, I+D... acaban, en su opinión, desvirtuando el tipo fijado del 25% (30% para la banca). Hacienda quiere que, al menos, la empresas acaban pagando un 15% de sus beneficios. Por debajo de ahí no se podrá desgravar/deducir más.
BANCA
Impuesto específico para ayudar a pagar las pensiones
Es sólo una posibilidad sobre la que el Gobierno parece haber dado marcha atrás tras entrevistarse con los grandes banqueros. En la primera mitad de este año, los seis grandes bancos del Ibex han aportado más de 4.000 millones de euros a las arcas del Estado, el 31% de su beneficio bruto. Alguno de los principales ejecutivos ha dejado entrever la posibilidad de que los grandes grupos multinacionales se vieran obligados a cambiar su estructura legal. Otros, como José Sevilla, consejero delegado de Bankia, no entienden que se puedan gravar beneficios no generados y advierte del coste en la cotización de las acciones en Bolsa.
