Ocho de cada 10 personas (77.8 por ciento) están en desacuerdo con que el gobierno otorgue la amnistía a grupos criminales como alternativa para reducir la violencia, mientras 12.6 por ciento se declara a favor de esa medida; el restante 9.6 por ciento dice no saber o prefiere no contestar.
De acuerdo con los resultados de la encuesta Seguridad y Participación Ciudadana 2018, del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) de la Cámara de Diputados, seis de cada 10 (62.8 por ciento) se manifiestan contra la legalización de las drogas, pero otros tres (28.3 por ciento) respaldan esa medida.
Asimismo, más de la mitad de los ciudadanos consultados (55.8 por ciento) sostiene que México es hoy menos seguro que hace 12 meses y la quinta parte (21.4 por ciento) afirma que en el último trimestre han sido víctimas de algún delito.
En ese contexto, siete de cada 10 (68.4 por ciento) considera que los cuerpos policiacos se encuentran “muy controlados” o “algo controlados” por el crimen organizado, en tanto dos de cada 10 (21.9 por ciento) estima que están “poco controlados”.
Por ello, casi una cuarta parte de los entrevistados (24.2 por ciento) se manifiesta por “militarizar las policías” como forma de control para dar mayor certeza y confianza a los ciudadanos, aunque 21.3 por ciento ve una mejor opción en renovar en su totalidad las corporaciones.
En contraste con la percepción ciudadana sobre los policías, prácticamente nueve de cada 10 personas (88.7 por ciento) están de acuerdo en que las fuerzas armadas (Ejército y Marina) participen en acciones contra el crimen organizado y el narcotráfico.
Según las respuestas obtenidas mediante mil 200 entrevistas efectivas en vivienda del 7 al 12 de junio de este año, 65.7 por ciento está de acuerdo con una ley que dé certidumbre jurídica a la participación de los militares en tareas policiales, aunque 27.7 por ciento dice no a esa legislación.
La institución mejor calificada por los ciudadanos es la
Marina-Armada, con 8.2 en una escala del 1 al 10, seguida del Ejército Mexicano, con 7.7, y la Policía Federal, con 6.1.
Los jueces alcanzan 4.9 en la evaluación, ligeramente por arriba de las policías municipales, con 4.6, y el Ministerio Público, con 4.5 solamente.
A la pregunta ¿Usted considera que las autoridades encargadas de la impartición de justicia...?, 44.9 por ciento de los participantes respondió: “son parte de la delincuencia”, 27.32 por ciento, “no trabajan” o “no funcionan”; 18.1 por ciento, “hacen lo necesario”, y apenas 5.5 por ciento estimó que “hacen bien su trabajo”.
A la pregunta “¿Considera usted que poseer armas de fuego es un derecho de los mexicanos?”, la mitad (50.4 por ciento) respondió sí y una proporción ligeramente menor (44.3) contestó no; el resto dijo no saber o evitó opinar al respecto.
No obstante, seis de cada 10 encuestados (63.4 por ciento) señaló que la portación de armas generaría un aumento de la delincuencia y casi una cuarta parte (23.9 por ciento) que contribuiría a una reducción de ese fenómeno, aunque 5.4 porciento advierte que la incidencia criminal permanecería igual.
De acuerdo con las respuestas de los ciudadanos, los espacios públicos en que se sienten más inseguros son los cajeros automáticos en la vía pública (76.2 por ciento), la calle (76.2 por ciento), el transporte público (71 por ciento), la carretera (68.4 por ciento), el mercado (63.1 por ciento) y el automóvil (58.8 por ciento).
Destaca el dato de que 33 por ciento de los entrevistados afirman que las escuelas son poco o nada seguras, mientras 25 por ciento dice que son seguras o algo seguras.
Al pedir a los participantes señalar las tres principales causas que generan la delincuencia, las respuestas fueron desempleo (62 por ciento), la falta de educación (44 por ciento), la desintegración familiar (43 por ciento), el consumo de drogas (40 por ciento), la pobreza y marginación (36 por ciento) y la falta de vigilancia policial (36 por ciento).
