La Alhambra ha sido arrastrada en el torrente turbio de investigaciones judiciales vinculadas a la Administración autonómica. En torno al monumento nazarí de Granada se han abierto varias causas como la centrada en supuestas irregularidades en la adjudicación del servicio de las audioguías para los turistas, de la que luego se desgajó otra que orbita alrededor de un presunto fraude en el sistema de contrataciones del Patronato de la Alhambra y el Generalife. En el ámbito de la última han llegado a ser detenidas casi una treintena de personas, entre ellas los ex directivos de ese ente público. El juzgado de Instrucción número 4 de la capital granadina apunta a la posible existencia de múltiples delitos en torno a la formación de una «organización criminal» que el órgano judicial enlaza a una estrategia concertada de adjudicación anómala de contratos y al enriquecimiento ilícito y el sostenimiento de una red clientelar de empresas y trabajadores del patronato. En ese escenario de presuntas anomalías que se remontan a años atrás, LA RAZÓN ha solicitado información acerca de si el Ejecutivo regional ha recuperado fondos públicos perdidos por esas fisuras detectadas en contrataciones del Patronato de la Alhambra y se ha interesado por conocer si, de ser así, a cuánto ascendía el importe del dinero restituido. Lo ha hecho por una consulta formulada a través del portal de transparencia puesto en marcha por la propia Junta. Ésta ha determinado que la competencia para contestar la demanda de datos de este periódico la ostentaba el actual director del mencionado patronato, Reynaldo Fernández, conforme a «lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, en relación con el artículo 3 del Decreto 289/2015, de 21 de julio, por el que se regula la organización administrativa» en ese ámbito. En una resolución rubricada por Fernández se traslada a este diario que «tras realizar las comprobaciones necesarias para establecer» si a la petición en cuestión le eran «aplicables» los «límites al derecho de acceso establecidos en el artículo 14 y 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno», así como lo fijado en «el artículo 25 y 26» de la ya mencionada norma andaluza de transparencia, el director del patronato resolvió «conceder el acceso a la información solicitada». Pero lo hace para indicar, a continuación, que «actualmente existe un procedimiento penal sustanciándose en el juzgado de Instrucción número 4 de Granada, procedimiento en el que se resolverá sobre las cuestiones que afectan a la materia sobre la que se formula la presente solicitud de información pública». Una decisión contra la que, recuerda, se puede interponer un recurso contencioso-administrativo. Y hasta ahí llega la respuesta. Sólo en ese caso al que alude, la Policía cifró en cerca de siete millones de euros lo defraudado por las supuestas irregularidades en la asignación de contratos en la Alhambra entre 2007 y 2015, cantidad que luego el juzgado redujo en un auto a 5,8 millones, a la espera de nuevos informes.
No es inusual que el Ejecutivo andaluz ofrezca importes con cuentagotas, a menudo a partir de preguntas parlamentarias armadas por la oposición, sobre cuantías restituidas a las arcas públicas tras irrumpir en la actualidad la sombra negra de causas como la de los expedientes de regulación de empleo (ERE), que ya ha sentado en el banquillo a 22 investigados en la rama política; o la de los cursos de formación subvencionados por la Junta.
