Las rectificaciones se han convertido en una constante en el corto mandato de Pedro Sánchez. La última se materializó en forma de tuit el día del aniversario de los atentados del 17 de agosto en Barcelona. La cuenta oficial del presidente publicó dos mensajes, uno en catalán y otro en español, en los que se solidarizaba con las víctimas. Hasta ahí todo normal. El lamentable error y la consiguiente polémica vino cuando la diferencia entre ambos textos no se limitaba únicamente al idioma, en la imagen del escrito en catalán no figuraba ni la bandera ni el escudo de España que sí acompañaba al que rezaba en castellano. Conscientes del traspiés, el tuit fue rápidamente borrado y sustituido por otro en el que sí aparecía ya la enseña rojigualda. Pero este afán de autoenmienda no se circunscribe únicamente al terreno de lo simbólico, existen también importantes renuncias a nivel programático y discursivo que han marcado estos casi tres meses en el poder. El Gobierno de Sánchez en diez rectificaciones.
«Aquarius»
La política migratoria ha puesto de manifiesto en las últimas semanas el cambio de criterio del Ejecutivo. Pedro Sánchez acogió a los 629 migrantes del «Aquarius» en junio como su primera gran apuesta tras llegar a La Moncloa, una decisión para demostrar a Europa y a los españoles que había otra forma de gobernar. Sin embargo, este gesto «humanitario» y «por respeto a la dignidad de las personas» pronto se topó con la cruda realidad del colapso migratorio. Cuando una segunda tripulación, esta vez de 141 personas, a bordo del mismo buque volvió a pedir auxilio, desde el Gobierno español se optó en un primer momento por rechazar la acogida, alegando que «no era el puerto más seguro», para negociar posteriormente un reparto con otros cinco países por el que acabaría haciéndose cargo de 60 migrantes.
Franco
La exhumación de los restos de Francisco Franco es otro de los temas que colea desde hace meses. En un primer momento, Sánchez renunció a impulsar en esta legislatura la totalidad de la Ley de Memoria Histórica y prefirió centrar sus esfuerzos, por lo efectista de su Gobierno, en una única medida mucho más atrayente para el electorado de izquierdas: el traslado del cuerpo del dictador del Valle de los Caídos. Sin embargo, también aquí el presidente se ha topado con la tozuda realidad y las dificultades jurídicas que entraña la exhumación, que obligaron al Ejecutivo a dar marcha atrás en su plan inicial de trasladar los restos antes del verano.
Amnistía fiscal
Durante su etapa en la oposición, Sánchez se comprometió a publicar los nombres de quienes se había acogido a la «vergonzante» amnistía fiscal que había promovido el entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Este compromiso se ha diluido ahora que ha llegado al poder, dadas las trabas legales que existen. Tanto la actual titular de Hacienda, María Jesús Montero, como el presidente reconocieron que no podrían desvelar estos nombres, poniendo por delante –eso sí– su compromiso a no impulsar ninguna amnistía fiscal semejante.
Financiación autonómica
Una verdadera rebelión sufrió el presdente del Gobierno entre los presidentes autonómicos socialistas cuando reconoció en el Senado que lo apurado de la legislatura le impediría alumbrar el nuevo modelo de financiación autonómica, pendiente desde hace años, que tanto demandan los territorios. A cambio, y para parchear la situación de enfado generada, el líder del Ejecutivo anunció que impulsaría contactos bilaterales con todas las comunidades para negociar mejoras individualizadas. Una solución que, además, tampoco gusta a sus barones ya que –sospechan– generará desigualdades entre las autonomías y beneficiará a Cataluña.
Agotar la legislatura
Y en parte las críticas de los presidentes autonómicos venían precisamente porque justo antes de comunicar que no reformaría el modelo de financiación autonómica por falta de tiempo, Sánchez había anunciado su intención de agotar la legislatura. Un propósito que chocaba con el discurso que había mantenido antes y durante la moción de censura, asegurando que convocaría comicios en un breve espacio de tiempo, tras asegurar la estabilidad política. Algo que parece harto complicado debido su debilidad parlamentaria.
Reforma laboral
En el capítulo de derogaciones fallidas se suman los dos elementos expuestos anteriormente: falta de tiempo y de apoyo parlamentario para alumbrar modelos alternativos de consenso. Esta circunstancia se da en cuanto a la reforma laboral. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, reconoció en una entrevista a este diario que «no puede derogarse alegremente» y no se hará, solo se eliminarán los aspectos más nocivos de la misma, dejando la creación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores para más adelante.
«Ley mordaza»
En la misma tesitura se encuentra la Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente apodada como «Ley mordaza», que solo verá modificados aquellos artículos que se recurrieron ante el Tribunal Constitucional, dejando vigente el resto del cuerpo normativo, a pesar de que los socialistas fueron muy beligerantes con el retroceso en los derechos y libertades que suponía y en su compromiso de derogarla en su totalidad.
Pensiones
El Pacto de Estado para la revalorización de las pensiones también está sufriendo la fragilidad parlamentaria del PSOE. La gran apuesta de los socialistas para garantizar unas prestaciones de calidad se ve amenazada ya que sigue varada en el Congreso de los Diputados ante la imposibilidad de poner de acuerdo a las principales fuerzas políticas sobre si la cuantía de las pensiones debe depender o no de la buena marcha de la economía. Los socialistas creen que las mejoras deben mantenerse también en recesión, pero partidos como el PP, Ciudadanos o el PDeCAT se oponen.
Impuesto a la banca
Parece que el impuesto a la banca también tendrá que esperar. A pesar de que fue una de las primeras medidas fiscales que se anunció tras llegar al Gobierno, la ministra de Hacienda ya ha reconocido que no se prevé su aplicación «en el corto plazo». Misma idea transmitió el propio Sánchez a distintos directivos del ramo para tranquilizar los ánimos que caldeó cuando comunicó públicamente su previsión de imponerles un recargo adicional en Sociedades o una tasa orientada a gravar las transacciones financieras. No obstante, este impuesto figura entre las propuestas que Podemos ha trasladado al Gobierno para apoyar el techo de gasto por lo que no se descarta que retomen sus planes iniciales.
Inviolabilidad del Rey
El republicanismo de Sánchez en la oposición ha mudado en defensa de la Monarquía en el poder. El presidente la considera una Institución «renovada y ejemplar» a los mandos de Felipe VI, unos calificativos que «también» hace extensibles al reinado de Juan Carlos I. En plena polémica por el «caso Corina», olvida los tiempos en que, en su campaña para las primarias del PSOE en 2014, defendía que era «inexcusable» acabar con el «principio de inviolabilidad» del Rey.
