El Gobierno nicara-güense señaló este sábado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de parcialización y sesgo en los informes sobre la situación en Nicaragua, por la crisis derivada de las protestas ciudadanas iniciadas hace cuatro meses, aduciendo que estos no contienen información confiable.
En un “informe evaluativo” del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno expresa que la CIDH actúa “en conjunto” con los Estados Unidos y otros países para promover “maniobras políticas injerencistas” y derrocar al Gobierno actual.
“La CIDH manipuló la información, convirtiendo un intento de golpe de Estado en una supuesta protesta pacífica, omitiendo deliberadamente que las personas asesinadas en su mayoría son policías, funcionarios del Estado, militantes sandinistas y civiles ajenos al conflicto”, dice el informe del Gobierno.
Por estas razones, “el pueblo de Nicaragua exige el cese de la participación de la CIDH”, agrega la declaración oficial.
Cuestiona los dos informes brindados por la CIDH porque los datos recopilados, según el Gobierno, son editados para manipular la verdad, están parcializados a favor de los manifestantes y carecen de credibilidad.
“Los informes y comunicados de la CIDH sobre Nicaragua son en sí mismos cuestionables, por su sesgo político y la metodología de trabajo, que carece de todo rigor científico, siendo una de sus fallas más notorias la falta de verificación de la información que recibe y la utilización irresponsable de fuentes sin ninguna credibilidad”, insiste el Gobierno.
De las 317 muertes registradas por la CIDH, el Gobierno solo reconoce 198 y culpa a los manifestantes, a quienes además califica de “golpistas”, de ser los responsables de los fallecimientos y de cometer “vejámenes” en contra de simpatizantes del partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, catalogó el informe del Gobierno contra la CIDH como el inicio de un plan para expulsar del país a esta organización.
“Rechazamos cualquier acusación, descalificativo o imputación delictiva en contra de la CIDH”, declaró Núñez.
La defensora de derechos humanos dijo que esta medida tomada por el Gobierno, es un intento de deslegitimar la labor de escrutinio que ha tenido la CIDH durante toda la crisis del país. “Llamamos al pueblo a no dejar que la CIDH sea expulsada del país”, agregó.
De concretarse esta amenaza, sería un precedente grave de violación de derechos humanos, aseveró Núñez. “Prácticamente el Gobierno se colocaría al margen de cualquier ley”, advirtió.
La presidenta del Cenidh considera que en vez de mejorar las cosas, con una posible expulsión de la CIDH el Gobierno empeoraría las cosas. “Se ganaría el rechazo contundente de la opinión internacional y de los organismos internacionales, como la OEA”, declaró.
El Cenidh emitió después un comunicado afirmando que la CIDH ha actuado con eficacia y oportunidad, al impulsar el cumplimiento de la recomendación 15 del informe preliminar, estableciendo la instalación del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) que está cumpliendo sus funciones, a pesar de los obstáculos gubernamentales.
“El Cenidh valora que los términos y afirmaciones inexactas del llamado Informe Evaluativo a que hacemos referencia está muy lejos del comportamiento y estilo que deben regir las relaciones de un Estado democrático, al referirse al actuar de los órganos de protección internacional de derechos humanos de los cuales es parte”, señala el comunicado.
Agrega que “el lenguaje descalificador que trasciende a la imputación velada de la comisión de hechos delictivos, son la repetición de afirmaciones amenazantes proferidas por el Canciller de la República y otros funcionarios del Gobierno, con lo cual han creído tender una cortina de humo para evadir las responsabilidades con que han incurrido al violar sistemáticamente los derechos humanos de los nicaragüenses”.
