El alcalde del municipio leonés de Villaquilambre, Manuel García, del Partido Popular, aseguró en el pleno extraordinario municipal que no es ningún «conseguidor de empresas», al defender su inocencia en el conocido como caso Enredadera.
Allí, el regidor afirmó que no dimitirá ante la petición de los grupos de la oposición PSOE e IU y sentenció que no ha llevado a cabo los hechos de los que se le acusa porque «no me hace falta, no tengo necesidad. Jamás he estado en ningún negociete ni he sufrido presión de nadie. No me embarraría ni por 12.000 euros ni por 12 millones. Si algo soy es honrado», aseveró.
«Aquí podríamos hablar de la ética y la moral de todos; vamos a ver si esa líneas no la atravesamos porque si no, debería dimitir media España», añadió.
El edil aseguró también que él «no protagoniza ninguna charla y que son terceros quienes hacen alusiones a su persona». Manuel García habló, asimismo, de «chascarrillos» y anunció posibles acciones legales contra quienes considere que hayan dañado su honor.
En el marco de la operación el pasado 3 de julio la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía registró las dependencias municipales y detuvo al regidor, la concejala de Personal, Mónica Varón, y un técnico, quienes posteriormente fueron puestos en libertad sin cargos.
En el foco de la investigación se encontraba el contrato por 14.339 euros adjudicado a la empresa Gespol SL a finales del pasado año para la compra del «aplicativo de gestión policial», así como la futura concesión de un contrato para la instalación de semáforos, foto rojos y gestión de multas.
En el pleno, PSOE, Ahora Podemos, IU y No Adscritos pidieron la dimisión de Varón tras hacerse pública una conversación con supuestos miembros de la trama para ponerse de acuerdo en el pliego de un contrato.
García preguntó al plenario si tenían alguna grabación y el concejal socialista Jorge Pérez le preguntó si podría asegurar que no hay en el sumario del caso Enredadera alguna conversación protagonizada por él ofreciendo obras o adelantando pliegos a la trama.
El alcalde destacó que lo único que vincula al Ayuntamiento con el grupo criminal es un contrato de 12.000 euros más IVA cuya tramitación es «completamente legal y no hay nada más».
El regidor se mostró dolido por las publicaciones de los últimos días que sitúan en la trama el Consistorio que dirige y criticó a los Grupos que le piden responsabilidades políticas.
Durante un tenso pleno el socialista Jorge Sánchez se mostró desilusionado por la falta de explicaciones del edil mientras que el concejal de Podemos, Juanjo Moro, destacó la «extrema gravedad» de los hechos recogidos en el caso y aunque no puso en duda la legalidad del contrato concedido a Gespol advirtió que lo que «huele mal» es la confección de los pliegos que da lugar a la adjudicación. Finalmente, UPL adelantó que si el alcalde es imputado el grupo retirará su apoyo al equipo de Gobierno.
