Casi 2.000 familias de Castilla y León ya se pueden beneficiar de las medidas impulsadas por el Gobierno que preside Juan Vicente Herrera para favorecer el alquiler social.
Y es que, el parque público ya cuenta con un total de 1.876 viviendas a disposición de las personas en situaciones económicas y sociales difíciles.
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en la visita al último inmueble, defendió que estas actuaciones contribuyen a luchar contra la despoblación de forma relevante al proporcionar actividad, servicios y confortabilidad, dinamizando la economía del medio rural, dado que las obras recaen en empresas de la zona y proporcionan empleo local.
La cifra se alcanzó gracias a incorporaciones de diferentes procedencias: a las propias de la Junta de Castilla y León se han unido las cedidas por la Sareb, las procedentes de convenios con ayuntamientos y obispados y las construidas por Somacyl en régimen de alquiler con opción a compra.
La última incorporación al parque público fue la vivienda del maestro de la localidad leonesa de Matachana -término municipal de Castropodame-, que ha sido cedida por el Ayuntamiento para su rehabilitación dentro del programa Rehabitare. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente invirtió en su reparación y acondicionamiento 55.000 euros en las obras realizadas en la cubierta, nuevos tabiques, carpinterías, alicatados en cocina y baño, nueva instalación eléctrica, calefacción, pintura, etc.
Suárez-Quiñones destacó «el gran trabajo» que se está desarrollando en esta materia, gracias a la colaboración y coordinación entre administraciones, que está permitiendo que muchas familias con pocos recursos tengan acceso a una vivienda digna.
Esta casa es una de las 137 que el Ejecutivo autonómico rehabilitó en el medio rural mediante el Programa Rehabitare, que se destinan al alquiler para personas y familias con dificultades económicas, ya que de otra forma les sería muy difícil acceder a una vivienda en el mercado libre.
La iniciativa consiste en la cesión a la Junta por parte de los ayuntamientos de las viviendas en desuso de su propiedad, la Consejería las rehabilita para ofrecerlas en régimen de alquiler social.
