La Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana nació con polémica y su aplicación continúa estando en entredicho tres años después. Tras su moción de censura, el presidente Pedro Sánchez «rescató» en forma de promesas algunas de sus reivindicaciones como jefe de la oposición. La derogación parcial de la conocida como «ley mordaza» es una de ellas, pero como ha ocurrido con la fallida publicación de las personas que se acogieron a la amnistía fiscal del anterior Gobierno, Sánchez no ha encontrado aún el «marco legislativo» o el tiempo para cumplirla.
La aprobación de la norma en marzo de 2015 provocó un sinfín de descalificaciones ante lo que se dibujaba como un flagrante recorte de las libertades sociales. Desde julio de ese mismo año, quedaba prohibido por ejemplo cualquier «perturbación grave de la seguridad ciudadana» frente al Congreso, el Senado o los parlamentos autonómicos, aunque los representantes públicos no estén reunidos en ese momento. El Gobierno trataba de desactivar así la creciente actividad en la calle; iniciativas como las habituales concentraciones ante el Parlamento andaluz pasaban a ser consideradas delito.
La ley ha dejado su impronta en Andalucía, la comunidad de largo con más multas: una de cada tres denuncias en toda España se ha producido aquí. En el primer año y medio –la mitad de 2051 y 2016 entero– se impusieron a los andaluces 86.400 sanciones por un importe superior a los 42 millones de euros, según datos publicados por el Ministerio del Interior. Esto supone una media de 500 euros de multa y unas 160 denuncias cada día. Durante 2017 las sanciones siguieron creciendo hasta las 76.000 y los 44 millones, más que en el año y medio previo.
Una de las últimas sanciones conocidas ha contribuido a avivar la polémica sobre determinados artículos de la norma: dos activistas feministas multadas con 700 euros por incitar a una protesta contra la sentencia judicial que exculpaba a los cinco sevillanos acusados de violación a una mujer en los Sanfermines –en libertad todos menos uno, por robo, a la espera de que la condena a nueve años por abuso sea firme–. Antes, con la misma ley en la mano, dos periodistas fueron multados con 600 euros por «obstaculizar una procesión», denuncias que finalmente fueron revocadas. Otro periodista sevillano fue igualmente sancionado en 2017 mientras cubría una manifestación contra el autobús de «Hazte oír» por una «falta de respeto» a un policía. Al ser considerada infracción leve, la cuantía fue de 150 euros. Todo esto ha provocado que la Asociación de la Prensa de Sevilla sea una de las organizaciones que se han opuesto públicamente a la norma, en su caso porque considera que atenta contra el derecho a informar. Las ONG también levantaron la voz para que se retiren los artículos que, opinan, penan incluso las convocatorias pacíficas.«Gracias» a la ley, usuarios de Twitter han tenido que afrontar juicios por comentarios publicados en la red social considerados delito.
Por provincias, Sevilla es la que más multas acumuló el año pasado –15.420, por un importe de casi nueve millones–, seguida de Málaga –ha bajado de 22.000 a 14.300 de un año a otro, pero las multas son mayores, sumando ocho millones–. Jaén (4.447) y Huelva (5.826) son las menos castigadas.
Cien mil denuncias a causa de las drogas
La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo abarca tres grandes apartados: armas y explosivos, drogas y seguridad ciudadana. En el primer apartado, Andalucía suma más de 17.000 multas por tenencia o venta. Las denuncias relacionadas con las drogas han supuesto 113.000 sanciones, por un valor superior a 64 millones de euros; mientras que las relacionadas con aspectos de seguridad ciudadana –manifestaciones sin autorización, pérdida reiterada del DNI u obstaculizar a agentes de la autoridad, entre otras– superaron las 30.000.
