La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha abierto la puerta a retrasar más allá de septiembre la presentación de los Presupuestos de 2019, que tendrán un alto componente social, con el objetivo de aprobarlos una vez que estén "pactados" con otras formaciones políticas.
"Si no da tiempo a que se pacte con los grupos políticos en el mes de septiembre, y evidentemente lo importante es llegar a un acuerdo, podemos presentarlos en noviembre e igualmente entrarían en vigor el 1 de enero", afirma la ministra en una entrevista con EFE/María Pachón.
En cualquier caso, Montero trabaja para presentar las cuentas en septiembre, como establece la ley, porque cree que hay "tiempo para acordarlas", aunque "si no pudiera ser" se retrasaría, siempre con el objetivo de que entren en vigor cuando comience 2019.
De hecho, la ministra ha planteado a los grupos la posibilidad de pactar medidas que se incluirán en los futuros presupuestos durante las negociaciones para la aprobación de la senda de déficit para el periodo 2019-2021, que fue rechazada en el Congreso y que volverá a las Cámaras a finales de mes.
Montero se muestra confiada en que logrará "apoyos suficientes para superar la negativa a la tramitación", es decir, los posibles vetos, y plantea que si una formación política está de acuerdo con una parte del Presupuesto pero no con otra "a lo mejor la expresión de su voto tiene que ser una abstención".
El futuro Presupuesto tendrá "un alto componente social" y avanzará en "la recuperación de los derechos perdidos" durante la crisis, por ejemplo a través de las políticas de educación o de dependencia.
En ese sentido, ha apuntado que las cuentas restablecerán la posibilidad de que las cuidadoras no profesionales de dependientes puedan cotizar a la Seguridad Social y recuperará parte de la financiación que se daba a las comunidades autónomas para estos servicios.
En cuanto a las pensiones, "el Gobierno siempre ha querido que se vayan actualizando conforme a lo que se actualiza el coste de la vida", aunque es una materia que corresponde al Ministerio de Trabajo y que dependerá de "los elementos" con que se cuente.
Este Presupuesto tendrá, en caso de que el Ejecutivo consiga sacar adelante la senda de estabilidad presupuestaria para el periodo 2019-2021, un techo de gasto de 125.064 millones de euros, un 4,4 % más que en 2018.
Sin embargo, este límite de gasto no financiero podría requerir un "ajuste" si la flexibilización de la senda de corrección del déficit propuesta por el Ejecutivo vuelve a rechazarse en las Cortes, algo previsible por la negativa del PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado.
La ministra se muestra ahora "más optimista" de poder sacar adelante la senda ante las "conversaciones" abiertas con varios grupos parlamentarios, a los que ofrece la posibilidad de acordar medidas que se incluirán en las futuras cuentas.
Si finalmente se vuelve a la senda anterior, el ajuste presupuestario ascendería a unos 1.200 millones de euros -ya que el Estado solo vería relajado su objetivo de déficit en una décima del PIB con la nueva senda-, algo que "puede hacerse sin mucho problema (...) aumentando ingresos básicamente".
De hecho, el Ejecutivo ya prevé incorporar modificaciones impositivas en las cuentas del próximo año, entre las que destaca el establecimiento de una tributación mínima del impuesto de sociedades del 15 % sobre la base imponible, que actualmente está en el 19 %, cuando el tipo nominal es del 25 %.
Otros impuestos como el digital o el de la banca se desarrollarán más adelante, mientras que la equiparación de la carga impositiva del diésel y la gasolina, que forma parte del paquete ambiental, aun no está decidido si entrará o no en el próximo Presupuesto.
