La nueva geografía política en el país le da al partido MORENA la mayoría no sólo en el Congreso de la Unión (cámaras de senadores y de diputados) sino también en la mayoría de las legislaturas estatales como la mexiquense y otras entidades. Donde gobernadores emanados del PAN, PRI o PRD tendrán poder legislativo de oposición.
Ante esta situación, en algunos estados gobernadores y gobernadoras tratan de evitar a toda costa tener realmente contrapeso en sus respectivos congresos y antes de que tomen posesión los nuevos diputados se aprovechan de que aún cuentan con legislaturas a modo para que les aprueben leyes que les garantice el control del estado.
Tal parece que es una forma de negarse a aceptar que el país y la entidad optaron por un cambio y una nueva forma de hacer gobierno y tratan de crear pseudo-feudos en sus respectivas entidades para tener el control promoviendo legislaciones que les dé casi casi el poder absoluto.
Sonora es uno de los casos más sonados, donde la gobernadora, aprovechando que aún el congreso saliente mantiene mayoría del PRI, logró colar una ley absurda y que además fue aprobada sin una discusión plena sino al vapor, que le concede el poder del veto ante cualquier ley que apruebe el congreso. Es decir, le da poder absoluto.
En el Estado de México, recientemente se aprobó por mayoría la Ley ISSEMyM y una ampliación para contraer deuda pública. Aquí se contó con la complicidad de algunos diputados del PRD que no asistieron a la sesión y que le permitió al PRI cambiar la ley.
Es lamentable que los gobernadores y gobernadoras que sienten temor ante una nueva realidad política recurran a este tipo de argucias y no privilegien la política para lograr el entendimiento y el consenso para que la entidad camine acorde al bien común y privilegien los intereses de grupos y de partidos.
Tratar de garantizar el ejercicio del poder pleno y absoluto habla de un retroceso y no de una actitud política congruente ante la nueva realidad que los ciudadanos crearon con su voto el pasado 1 de julio.
Negarse a lo que los ciudadanos quieren y esperan de sus representantes y gobernantes prueba no sólo miedo sino el rechazo a perder los privilegios a los que se acostumbraron tener a costa del erario.
Pero no toda la culpa es de los gobernadores. Los legisladores tienen mucha responsabilidad que con tal de conceder a su jefe político lo que les ordena hacen a un lado los intereses de los ciudadanos a los que realmente representan pero se olvidan de ello para servir a quien de alguna manera los puso como diputados.
Es una pena.
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