"Tenemos que volver al eje de la sociedad española". Nada más ser elegido presidente del PP el pasado 21 de julio, Pablo Casado anunció que uno de sus primeros objetivos sería volver a "liderar la iniciativa política" tras un periodo convulso en el que su partido fue condenado a título lucrativo por corrupción, perdió el Gobierno tras siete años en la Moncloa y se enfrentó a sus fantasmas internos en un insólito proceso de primarias. Dos semanas después de su triunfo en el XIX Congreso de los conservadores, el líder del PP ya se apunta el tanto de haber logrado marcar la agenda política al menos en agosto gracias a la radicalización de su discurso.
El giro a la derecha del presidente conservador quedaba patente el pasado fin de semana con sus declaraciones en contra de la inmigración. "Aunque sea políticamente incorrecto, tenemos que empezar a decirlo: no es posible que haya papeles para todos (...). No es posible que España pueda absorber millones de africanos que quieren venir a Europa buscando un futuro mejor", decía el líder del PP, que también acusaba al Gobierno de Pedro Sánchez de provocar un "efecto llamada" por sus políticas migratorias.
A pesar de que las cifras reales desmienten su alarmismo, Casado conseguía que el debate político se centrara en sus palabras. Desde el Ejecutivo acusaban al líder del PP de "alinearse" con la ola xenófoba que recorre Europa y se veían forzados a reafirmar su compromiso en la materia, llegando a solicitar a la Unión Europea un mayor esfuerzo económico y logrando el apoyo explícito del presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker. Este viernes, en la rueda de prensa de cierre del curso político, Sánchez llegaba a anunciar la creación de un "mando único" centrado en la "coordinación operativa de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la frontera y en el Estrecho".
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, entraba por su parte en una competición con el presidente de los conservadores por el rechazo a la inmigración. Ambos dirigentes buscaban la foto en la valla de Ceuta y en Algeciras con sendas visitas a esas ciudades el martes –en el caso del líder de la formación naranja– y el miércoles –en el de Casado–. Tras sus declaraciones contra los inmigrantes, este último se acercaba a ellos rodeado de una nube de cámaras y periodistas para estrechar sus manos, uno a uno, y preguntarles sus nombres, edades... en inglés y francés.
Casado planteaba sus exigencias en la materia a Sánchez durante su primera reunión en la Moncloa, el pasado jueves. Asimismo, pretende estirar la polémica y que la inmigración se convierta en el tema de este verano. Para ello, el PP ha al registrado la solicitud de comparecencia de los ministros de Interior y Trabajo, Fernando Grande-Marlaska y Magdalena Valerio, en el Congreso de los Diputados. Esas iniciativas harán que la Cámara Baja viva un agosto intenso, sobre todo en la segunda quincena del mes cuando se reúna la Comisión Permanente para fijar las fechas de las declaraciones.
El PP no dará tregua al Ejecutivo durante el mes de las vacaciones. Casado ya ha dicho que no prevé tomarse ni una semana de descanso y que realizará una labor de oposición "firme" contra el Gobierno "ante la dejación de funciones" del equipo de Sánchez, que considera que está "arrodillado y maniatado" por sus socios de gobierno, en alusión a las fuerzas independentistas y a Podemos, que le dieron la victoria en la moción de censura que desplazó a Rajoy de la Moncloa.
El líder de los conservadores pretende torpedear el proceso de deshielo entre Gobierno y Generalitat puesto en marcha por el dirigente socialista, amenazando incluso con volver a activar el 155 en Cataunya con la mayoría absoluta del PP en el Senado. El jueves, los conservadores registraban la petición de comparecencia urgente de la ministra de Administración Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, para que dé cuentas de la reunión bilateral entre el Gobierno de Sánchez y la Generalitat de Cataluña que tuvo lugar el miércoles y que, según el PP, la administración catalana "utilizó para convalidar un avance más del independentismo".
A la solicitud de comparecencias de Batet, Valerio y Grande-Marlaska –a quien los conservadores también tienen previsto preguntar sobre un eventual acercamiento de presos de ETA a cárceles vascas–, Casado ha sumado la exigencia de que vaya al Congreso el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, con motivo de la crisis del taxi que provocó la huelga del sector hasta el pasado miércoles.
También ha conseguido lanzar el mensaje de que la lucha por el poder en España es cosa de dos. "Vamos a ejercer el bipartidismo", aseguraba su entorno tras escenificar ese binomio en el Palacio de la Moncloa, durante la reunión que mantuvo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Además, la agenda del mes de agosto también está marcada por el caso del máster del líder del PP. La jueza Carmen Rodríguez-Medel realizaba esta misma semana nuevas pesquisas al tomar declaración a las profesoras y las alumnas imputadas, en los que pueden constituir los pasos previos a que el Tribunal Supremo solicite al Congreso un suplicatorio para poder imputar a Casado, sobre todo después de que una de sus compañeras con un expediente idéntico al del presidente del conservadores, reconociera que aprobó su máster sin hacer nada: ni ir a clase ni presentar trabajos.
La investigación sigue su curso y amenaza la imagen de renovación que pretende trasladar el nuevo presidente de los populares tras suceder en el cargo a Mariano Rajoy. No obstante, Casado trata de esquivar cualquier pregunta al respecto. "He realizado declaraciones frecuentes y excesivas", se limitaba a asegurar el jueves al ser preguntado sobre la posibilidad de que la confesión de su compañera pueda perjudicarle de cara a una futura imputación que, en cualquier caso, debería realizar el Tribunal Supremo por la condición de aforado del dirigente de los conservadores.
