El Consejo de la Juventud de España (CJE) volverá a funcionar a pleno rendimiento. El Gobierno ha aprobado este viernes un Real Decreto que otorga a esta organización, encargada de dar voz a los jóvenes ante las instituciones, la condición de corporación pública de base privada. El CJE quedará así desbloqueado después de que el Gobierno del Partido Popular lo extinguiera en 2014 como entidad juvenil independiente.
El objetivo de la nueva norma, según recoge la Referencia del Consejo de Ministros, es "que la sociedad civil organizada por jóvenes juegue un papel propio y fundamental en la decisión e implantación de políticas en materia de juventud desde sus diferentes ámbitos y materias a todos los niveles del Estado".
El CJE se define a sí mismo como "un espacio de coordinación, interlocución, formación y cooperación de las entidades y organizaciones que conforman el movimiento asociativo juvenil". Se trata de un órgano creado por la Ley 18/1983, de 16 de noviembre, de creación del Organismo Autónomo Consejo de la Juventud de España con el fin de canalizar el fenómeno del asociacionismo juvenil, y formado por los Consejos de Juventud de las comunidades y ciudades autónomas y organizaciones juveniles de ámbito estatal, en el que se encuentran representadas asociaciones y entidades juveniles de diferente índole: de voluntariado, políticas, sindicales, de medio ambiente, culturales, de ocio, religiosas, colectivos de personas con discapacidad, mujeres, jóvenes LGTBI, inmigrantes y estudiantes, entre otras.
El Gobierno le concede así una "autonomía máxima en la determinación de los miembros" y en su propio funcionamiento, planteando un posterior desarrollo reglamentario interno para "garantizar la transparencia y la proporcionalidad de la ley". En definitiva, supone el diseño de un espacio con autonomía real y gobernanza joven para que la juventud adquiera las competencias necesarias para el ejercicio de la democracia desde espacios propios y estables. Para ello, la norma "establece una autonomía máxima en la determinación de los miembros del CJE y su funcionamiento, planteando un posterior desarrollo reglamentario interno para garantizar la transparencia y la proporcionalidad de la ley".
En este Real Decreto también se ha previsto la creación de una comisión gestora temporal que le permita comenzar su funcionamiento de inmediato hasta que se constituya y celebre la primera Asamblea General Ordinaria del Consejo de la Juventud de España.
En 2013, el expresidente Mariano Rajoy suprimió de manera definitiva el Consejo de la Juventud de España, desatendiendo incluso peticiones de líderes europeos como Martin Schulz, en aquel entonces presidente del Parlamento Europeo. Schulz le trasladó a Rajoy la necesidad de que España no fuese el único país sin Consejo de la Juventud independiente y que la austeridad no supusiera cerrar la participación juvenil organizada. En España ya había algún precedente a nivel autonómico, después de que el Gobierno de Esperanza Aguirre también cerrara este órgano de participación en 2010 en la Comunidad de Madrid.
Desde la decisión de Rajoy, una Comisión Gestora ha sido el órgano encargado de asumir la dirección del Consejo y su representación, de ejecutar los acuerdos de la Asamblea y de promover la coordinación y la comunicación entre las Comisiones Especializadas. Está compuesta por 9 representantes juveniles de diversas entidades de pleno derecho del CJE que se reúnen al menos una vez al mes. Cada uno de los miembros de esta comisión permanente se ha renovado cada dos años y debe ser menor de 31 años al tomar posesión.
En la actualidad, la Comisión Gestora está presidida por Manuel Ramos de la Rosa, de la Federación de Asociaciones de Scouts de España. Los otros miembros de la Comisión proceden de otras organizaciones como la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE), Cruz Roja Juventud, Nuevas Generaciones del Partido Popular, Juventudes Socialistas de España, Jóvenes Izquierda Unida, Consejos de la Juventud de algunas Comunidades Autónomas y la Organización Juvenil Española.
Desde 2013 se han presentado varias propuestas para recuperar este espacio de participación y en los últimos años el CJE ha sido bastante crítico con la precariedad laboral de los jóvenes, sus dificultades para emanciparse y su participación en el desarrollo político, social, económico y cultural.
La existencia del Consejo de la Juventud de España supone un derecho y al mismo tiempo un compromiso: participar en el diseño de las políticas que de forma directa o indirecta afectan a los y las jóvenes y presentar alternativas a los problemas de este colectivo.
