El número de empresas que se declararon en concurso de acreedores -antigua suspensión de pagos- en el segundo trimestre de 2018 fue de 1.200, un 1,2 % menos que en el mismo periodo del año anterior, según publica hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE).
A tenor de los datos recogidos por la Estadística de Procedimiento Concursal, el número total de deudores (incluidas personas físicas) ascendió a 1.610, un 0,9 % más que en el periodo comprendido entre abril y junio de 2017.
Del total de concursos, 1.516 fueron voluntarios (un 1,9 % más que en el segundo trimestre de 2017), y 94 necesarios (un 12,1 % menos), mientras que por clase de procedimiento, los ordinarios disminuyeron un 10 %, en tanto que los abreviados aumentaron un 2,7 %.
Al margen de las empresas concursadas, que constituyen un 74,5 % del total de deudores, la estadística evidencia que otras 410 personas físicas sin actividad empresarial, el 25,5 % restante, también se acogieron a dicha vía.
En cuanto a la forma jurídica, un 81,8 % de las compañías eran sociedades de responsabilidad limitada, y del total, un 38,3 % se situaban en el tramo más bajo del volumen de actividad (menos de 250.000 euros).
Respecto a la actividad que desarrollaban, un 21,3 % pertenecía al comercio, un 16,6 % a la construcción y un 15,3 % se dedicaba a otro tipo de servicios.
Por número de asalariados, el 60,1 % del total de empresas en concurso contaba con menos de seis empleados, y entre éstas, un 33,1 % no tenía ninguno.
El INE, que también desglosa sus datos en función de la antigüedad de las compañías, concluye que un 18,9 % había sido constituida hacía veinte años o más, mientras que un 21,9 % tenía menos de cuatro; de éstas, el 23,6 % se dedicaba al comercio.
Por su parte, las empresas de mayor trayectoria pertenecían en su mayoría, un 53,7 %, al comercio y a la industria y energía
El reparto geográfico destaca tanto a Cataluña como a Madrid, que concentraron en el segundo trimestre el 45 % de los deudores concursados en España, mientras que fue en Navarra donde se produjo la mayor bajada en términos de variación anual tras caer un 41,2 %; por el contrario, La Rioja experimentó el repunte más notable, del 200 %.
Tras Cataluña (423) y Madrid (293) se encuentran, por número, Comunidad Valenciana (197) y Andalucía (137).
Por debajo del umbral de los cien procedimientos, País Vasco (80); Galicia (68); Aragón (65); Murcia (64); Castilla y León (59); Castilla-La Mancha (58); Baleares (41); Asturias (32); Canarias (27); Extremadura (22); Cantabria y La Rioja (ambas con 12), y Navarra (10).
Todos se han producido al amparo de la Ley Concursal, aprobada de forma definitiva en mayo de 2015, y que persigue que las empresas que acuden a estos procedimientos y sean viables, puedan seguir operando, al tiempo que permite a los acreedores cobrar parte de su deuda.
Dicha ley extiende los efectos del convenio general a los acreedores disidentes o que nos se hayan sumado a éste, incluido los públicos, siempre que se superen unos determinados porcentajes de adhesión.
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