Valerio se despide de su amigo y entra en casa. Escucha gritos, avanza sin hacer ruido. Sus padres no se percatan de que el adolescente está mirándolos desde la puerta de la cocina, donde el padre sigue insultando a la madre y le golpea la cabeza contra la mesa. Valerio, paralizado, se hace pis encima. La secuencia corresponde a «La vida posible», película italiana que dibuja con trazo delicado el camino de ese crío enfrentado a la dicotomía de alejarse de un padre violento al que quiere. La misma que fundamenta no solo la sociedad si no también decisiones judiciales, como un reflejo de ella. Eso no es ficción, es la realidad de muchos niños obligados a mantener una relación con «un buen padre» que da palizas a su madre.
«A raíz de la firma del Convenio de Estambul ratificado por España en 2014 se hicieron bastantes reformas legales en este sentido, pero luego tiene poca repercusión en la práctica», detalla María del Carmen Peral, autora del estudio «El fenómeno de la violencia de género a través de las hijas e hijos de madres maltratadas», premiado por la Diputación de Jaén. «Ahora se dice que el juez podrá tomar medidas con los niños. Son conceptos jurídicos indeterminados, como el interés del menor, que sirven para no aplicar una medida de protección. Se amparan en no romper el vínculo con el padre para fijar un régimen de visitas», critica la investigadora de la Universidad de Granada.
Peral ha buceado en sentencias sobre violencia de género de los últimos años y en las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial. «Es importante que la formación específica en materia de violencia de género entienda la problemática de la madre y cómo se sigue ejerciendo violencia contra ella a través de los hijos. Mientras eso no ocurra, habrá esas consecuencias. Es una segunda violencia, amparada en la Justicia», asegura.
Desde el año 2003, cincuenta niños han sido asesinados por padres maltratadores. En abril se produjo el último caso en Andalucía: un hombre apuñaló a su hijo de nueve años. La muerte es el ataque definitivo, pero la desprotección llega mucho antes y a veces por vía judicial. «He oído muchas veces decir ''no creo que un padre le haga a su hijo daño...''. Lo dicen abogados, jueces o la propia maltratada muchas veces. Las estadísticas solo reflejan los resultados de muerte, pero los maltratos, lesiones, fracturas y daños psicológicos no figuran», insiste la también abogada. Prueba de ello es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dictada en febrero, en la que se dirimía si un condenado por maltrato debía ser expulsado de España. La esposa afirma que su marido es «un buen padre». Había cumplido condena por golpearla repetidas veces delante de su hija de dos años.
El objetivo de su análisis, como parte de una tesis publicada más amplia, es evidenciar que se obvia a los niños porque no se les considera víctimas si las agresiones se centran en la madre. El Tribunal Supremo acaba de reconocer como agravante que la agresión se produzca no solo delante de un menor, si no también si él se encuentra en la casa aunque no la presencie. Para esta experta sigue siendo insuficiente porque la interpretación de la ley queda en manos de cada juez. A lo largo del estudio cita fallos donde se manifiesta el riesgo para los pequeños. En Algeciras (Cádiz), un juez determinó que un hombre condenado por maltrato a su pareja y a la hija mayor de ambos pudiera ver a su otra hija, de solo tres años. De nada sirvió la oposición de la madre ni la orden de alejamiento sobre la otra hija. Tuvo que anularlo el Supremo. O en Andújar, donde dos niños de 12 y 13 años se negaban a ver a su padre y se estableció igualmente un régimen de visitas. «Se investiga más sobre la posible influencia de la madre en los menores que en la averiguación de los hechos que han dado lugar a la decisión de los menores de no tener relación con su padre», según Peral. «Se intenta examinar siempre a la mujer, mientras se trata de comprender a los maltratadores. Eso en otros delitos no pasa», insiste. La investigadora opina que los «operadores jurídicos –jueces, fiscales, abogados, forenses– no entienden que no estén mediatizados por la situación traumática que han vivido. Están influidos, claro, y tienen miedo y ese miedo les paraliza. Pero cuando no se quieren ir con los padres dicen que las madres les han influido».
Peral recalca que para ver resultados «hay que hacer una reforma de cambio de mentalidad. Debemos saber quiénes son los formadores y si están bien formados en perspectiva de género». En este sentido, cree que muchos profesionales no sensibilizados solicitan como destino un juzgado de Violencia sobre la Mujer porque se cobra más.
Para ella, es fundamental articular medidas como que «cuando haya una orden de alejamiento, se suspenda automáticamente el régimen de visitas. Un maltratador no puede ser un buen padre. Es un estereotipo que tienen los operadores jurídicos: separar la violencia de la madre y de los hijos, aunque cree un ambiente de violencia en el hogar».
En su investigación ha podido corroborar también cómo hombres condenados denuncian sistemáticamente a la madre por incumplimientos leves del régimen de visitas «para crear un ambiente de conflictividad». «Al denunciarse mutuamente se minimiza y relativiza el tema de la violencia de género. Sobre cuántas denuncias falsas presentan los denunciados por maltrato no hay estadísticas», concluye.
