La jueza de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que instruye la causa abierta por las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta, ha citado como investigado al actual director general de Comercio de la Consejería de Empleo del Gobierno andaluz, Raúl Perales, y al ex viceconsejero de Empleo Justo Mañas, entre otros, en la pieza separada que investiga los 33 millones que recibieron las empresas del Grupo Prescal, pertenecientes al ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda, en concepto de subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación.
En una providencia, con fecha de 25 de julio, la jueza instructora ordena citar para 2019 para ser oídos en declaración en calidad de investigados en esta pieza a nueve personas. En concreto, el 21 de marzo están citados el ex consejero de Empleo Justo Mañas; la ex directora general Formación Profesional para el Empleo de la Junta y cuñada de Ojeda, Teresa Florido; a Pedro Legerén Aller, ex jefe de servicio de Programas para el Empleo y actualmente en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio; y José Manuel Fuentes Doblado, ex director general de Formación para el Empleo.
Para el 11 de abril de 2019 están citados Alonso Solís Franco, quien fuera jefe de servicio en la Dirección General de Formación; Noelia Ruiz Martel, técnica en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE); Raúl Perales, actual director general de Comercio de la Junta y, entre los años 2009 y 2015, director del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ); Jorge Carbajal Orduña, ex miembro del Centro de Prevención de Riesgos Laborales; y a Antonio Juan Ortega Ordóñez. Igualmente, para el día 21 de marzo ha citado como testigos a Sergio Martínez y Rocío Martín. Así lo acuerda la instructora después del escrito, con fecha de 20 de julio, de la Fiscalía Anticorrupción en la que interesa estas citaciones a raíz del atestado informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sobre el análisis del contenido de los efectos informáticos intervenidos en el registro de la sede de la mercantil Prevención de Riesgos de Seguridad y Calidad SL (Prescal), en el Parque Tecnológico Aerópolis, de La Rinconada (Sevilla).
El Ministerio Fiscal, una vez se ha procedido al análisis de este atestado último, señala que “puede afirmarse la existencia de indicios de comisión de delitos, indiciariamente de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y fraudes y exacciones ilegales”. Además, añade que, efectivamente, el principal investigado, Ángel Ojeda, y personal de su esfera, “aprovechando las buenas relaciones que mantienen con funcionarios tanto de la Dirección General de Formación Profesional como de distintas delegaciones del SAE, han venido haciendo uso de las mismas con la finalidad de obtener favores, información privilegiada e incluso influyendo en autoridades con el objetivo de acomodar normas jurídicas a sus intereses”.
En el citado atestado, del pasado mes de mayo, los agentes de la UDEF consideran al ex consejero Ángel Ojeda la “cúspide” de la organización que “dirige y controla”, conformado por todo el entramado empresarial ideado por él, con la única finalidad de obtener el mayor número de subvenciones de la Junta posible e enriquecerse, mediante métodos irregulares e ilícitos”.
La UDEF vuelve a constatar, “y de manera abrumantemente manifiesta”, que Serpro era “una pieza más del Grupo Prescal, ideada por Ojeda y sus colaboradores para la “contrafacturación” a los docentes de los cursos impartidos, por servicios “ficticios”, logrando con ello el desvío de “más del 50 por ciento” de los fondos públicos que “deberían haber sido destinados a docencia”. No hay que olvidar, según el informe, que la propia normativa establece que “por lo menos el 40 por ciento de la cuantía concedida debería ir destinada a docencia”.
En relación con Serpro, la UDEF pone de manifiesto en el informe la existencia de un sistema de contrafacturación a los docentes para el retorno de fondos a las arcas del Grupo Prescal; así como que Serpro es una sociedad instrumental en manos de Ojeda y del Grupo Prescal “para el desvío de los fondos públicos”.
De otro lado, en el presente informe pericial se pone de manifiesto “un posible tráfico de influencias” en relación con determinados cargos de la Junta, algunos de ellos “con capacidad de decisión dentro” del propio Servicio Andaluz de Empleo u otros organismos públicos.
CARGOS DE LA JUNTA PEDÍAN A OJEDA TRABAJO PARA FAMILIARES
En este trato de favor o pretensión del mismo se aprecian en diversas vertientes, como la “la solicitud de colocación de familiares o amigos” a Ojeda, destacando los correos remitidos por la ex directora general Formación Profesional para el Empleo de la Junta Teresa Florido a éste haciéndole llegar currículum vitae de varias personas para tratar que el ex consejero les consiga un puesto de trabajo, entre ellas, la hermana de Florido o el sobrino de la que fuera delegada provincial de Empleo en Sevilla Aurora Cosano.
“Incluso los favores se llegaban a pedir para sí mismos por parte de cargos de cierta relevancia de la Junta, como es el caso de Raúl Perales, que en un correo remite su currículum para que ‘... tengáis la amabilidad de incluirlo en próximos procesos de selección que organicéis...’”. Perales firmó dicho correo como director general del IAJ.
OJEDA, JUSTO MAÑAS Y FAFFE
Los agentes, en su informe pericial, reflejan “concesiones irregulares por el caso Delphi”. Sobre esto último, y pese a no ser objeto directo de estas investigaciones lo relativo al caso Delphi, por constar en otra pieza, se hace referencia al mismo por considerar su interés como prueba para las mismas.
En este sentido se han detectado una serie de correos en los que “se aprecia claramente la supuesta concesión irregular de una serie de subvenciones a la empresas de Ojeda por los favores que este realiza en la gestión del ‘problema de Delphi’”.
Al hilo de esto, la UDEF expone que “parece ser que ha habido un problema con la asignación y colocación de ciertos empleados de Delphi, por lo que el que fuera viceconsejero de Empleo desde el año 2010 Justo Mañas solicita el favor a Ojeda de resolverlo y contratar a éstos, a cambio de lo cual este pide la concesión de una serie de curso a sus empresas, tema que remite y trata también con Fernando Villén, quien fuera director general de la extinguida Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y secretario de empleo de la Ejecutiva regional del PSOE en Andalucía.
Entre otras cuestiones, los agentes de la UDEF ponen de manifiesto en su informe “una posible entrega de regalos a un funcionario de la Junta, muy probablemente por ciertos tratos de favor recibidos”, apuntando además que “gracias a todo esta red de contactos dentro de la Junta les era -a la organización de Ojeda- muy fácil conseguir cierta información y documentación anticipadamente lo que les permitía ir siempre un paso por delante del resto de entes” en la concesión de cursos de formación.
Por último, concluyen que “nuevamente se aprecia la factura circulante entre las empresas del grupo, la alteración, modificación e incluso la falsificación de facturas, con el fin de obtener el cien por cien de la cuantía solicitada y concedida”.
