El juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha acordado desestimar la solicitud de sobreseimiento de la causa abierta contra el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, investigado por usurpación de funciones públicas, prevaricación y malversación de caudales públicos. Todo parte de una denuncia interpuesta por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) que afecta a varios ex altos cargos de la Junta, entre ellos el actual regidor socialista. El auto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, detalla que Cuenca está siendo investigado en su calidad de ex delegado provincial de la Consejería de Economía e Innovación de la Junta, que «habría efectuado la ilícita contratación de los servicios de seguimiento, control y verificación de la ejecución de los cursos de formación profesional para la economía social de Granada durante los ejercicios 2010 y 2011». Los investigados, subraya el documento, «se habrían valido de distintos contratistas, personas físicas y jurídicas para llevar a cabo distintas tareas –entre otras, verificar la ejecución de los cursos de formación ocupacional en economía social–, pese a que la ejecución de las mismas formaría parte de las potestades que se encuentran reservadas por el ordenamiento jurídico a los funcionarios públicos». Esta tareas se dejaron en manos de contratistas «de forma injusta y arbitraria», señala el auto. Estas labores, por tanto, «habrían necesariamente de ser desempeñadas por empleados públicos que tuviesen la condición propia de funcionarios o bien, al menos, por personal laboral de la administración autonómica o por técnicos de las agencias o entidades públicas empresariales».
Fuentes del SAF aseguraron que «desde hace mucho tiempo tenemos claro que no quieren que funcionarios independientes e imparciales controlen las ayudas comunitarias», un hecho que «no es exclusivo de los cursos de formación».
