Lo que comenzó como una queja ciudadana por la reforma de las pensiones y la seguridad social por el gobierno de Daniel Ortega ha derivado, cien días después, en la mayor la crisis que atraviesa el Nicaragua desde los años 80. La represión a los opositores a través de la Policía del régimen y los paramilitares partidarios de Ortega ha dejado un sangriento reguero de 448 asesinados y más de 2.000 heridos, además de cientos de secuestrados o desaparecidos y un éxodo a los países vecinos de miles de nicaragüenses que huyen de la violencia, denuncia la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (Anpdh). La esperanza de una solución pacífica se aleja y el fantasma de la guerra civil se hace más patente.
«Lamentablemente, cada día es más distante la posibilidad de recuperar prontamente la paz social en nuestro país», aseguraba esta semana a ABC desde Managua el secretario general de la Anpdh, Álvaro Leiva.
Los últimos datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) situó el miércoles en 295 el número de muertos desde el estallido de la contestación ciudadana el pasado el 18 de abril, pero la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos la ha elevado este jueves a 448. Esta asociación asegura que el fin de semana se registraron, en solo 24 horas, más de 700 desapariciones. Según Leiva, Nicaragua atraviesa una «profunda crisis de violación de los derechos humanos».
La negativa de Ortega a renunciar al poder y a convocar elecciones anticipadas ha enquistado la situación y el terror de los paramilitares, con la connivencia de la Policía, se ha extendido por el país. El ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Borrell, ha reconocido en los últimos días que ve al país «casi en guerra civil» por la represión del Gobierno de Daniel Ortega contra los manifestantes.
El proceso de diálogo que se puso en marcha el pasado mes de mayo para poner una solución al conflicto se encuentra suspendido, sin visos de que se pueda reanudar.
La Conferencia Episcopal, que ha venido ejerciendo el papel de mediadora entre los manifestantes y el gobierno, ha pasado a estar bajo el punto de mira de las fuerzas represoras. El propio Ortega, durante la celebración del aniversario 39 de la revolución sandinista el pasado 19 de julio, tachó a los obispos de «golpistas», al tiempo que llamó a los manifestantes opositores «vándalos» y «terroristas» pagados por otros países para derrocar al Gobierno.
Al menos siete templos han sido profanados y tanto el Nuncio de la Santa Sede como prelados y sacerdotes han sufrido agresiones, lo que ha llevado al cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, a denunciar la «persecución» a la Iglesia católica.
Este miércoles, el propio Brenes llamó a sus fieles a «no dejarse provocar» ante las agresiones sufridas. Según dijo en una «misa de desagravio por los actos irrespetuosos realizados días atrás por simpatizantes del Gobierno», «el odio lo podemos vencer con el amor que Cristo nos da».
Precisamente, el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, acusó este jueves al presidente nicaragüense de estar librando una «guerra» contra la Iglesia, según recoge Efe. «Muchedumbres respaldadas por el ejército armadas con machetes e incluso con armas pesadas han atacado parroquias y propiedades eclesiásticas. La Policía ha agredido físicamente a obispos y sacerdotes», aseguró Pence durante una cumbre sobre libertad religiosa en la sede el Departamento de Estado norteamericano, en Washington.
Tampoco los medios de comunicación se libran del acoso de los partidarios de Ortega. Un grupo de encapuchados armados intimidó a los trabajadores de la empresa ND Medios, uno de los grupos mediáticos más importantes de Nicaragua, informó este jueves «El Nuevo Diario».
A todo ello se suman las consecuencias económicas por el estado de grave violencia en el país, que ha provocado el cierre de numerosos negocios y ha ahuyentado al turismo.
Las protestas comenzaron el 18 de abril tras la reforma de la Seguridad Social que pretendía aplicar Ortega, que aumentaba las contribuciones de empleados y trabajadores y recortaba un 5% las pensiones. Los empresarios, que hasta entonces se habían mostrado como aliados del líder sandinista, le empezaron a retirar el apoyo, uniéndose al descontento de estudiantes y jubilados.
Pese a que el presidente retiró la reforma, para entonces habían aflorado las tensiones larvadas desde hacía tiempo en el país, donde la pareja formada por Daniel Ortega y la vicepresidenta, Rosario Murillo, han consolidado un régimen de tintes autocráticos, y pidieron la renuncia del mandatario. En los comicios de 2016 en los que salió reelegido, los principales candidatos con opciones habían sido marginados.
