Montón ha hecho estas consideraciones en la rueda de prensa que ha ofrecido al término del pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en el que han estado presentes los consejeros correspondientes de las comunidades autónomas.
"El compromiso de retornar la sanidad universal a España es algo que está ya a punto de tocarse con los dedos", ha señalado la ministra al ser preguntada por el borrador del real decreto, en el que Sanidad ha trabajado, según ha dicho, con las comunidades autónomas y la sociedad civil.
La ministra ha dicho que en breve podremos celebrar que España vincula la asistencia sanitaria a la ciudadanía" y "dejaremos así atrás el término de asegurado".
El borrador del real decreto, al que tuvo acceso Efe, establece que los inmigrantes en situación irregular tendrán derecho a la asistencia sanitaria en iguales condiciones que los españoles sin tener que justificar su residencia en España, si los servicios sociales constatan que su país no puede abonar esta cobertura.
Una normativa, aplaudida por las asociaciones defensoras de la sanidad pública, por Podemos y Ciudadanos, con la que se recupera formalmente la sanidad universal, sin la necesidad de ser titular de la tarjeta de la Seguridad Social -algo que en España sólo se podía conseguir con un contrato de trabajo-, ni de estar empadronado.
Es decir, también se benefician del nuevo decreto los españoles que nunca hayan cotizado a la Seguridad Social, dado que se desvincula la situación laboral del derecho a la cobertura sanitaria.
Tendrán cobertura sanitaria las personas que se encuentran en situación regular, que son la mayoría, y las procedentes de países que no puedan sufragar esta asistencia o las que no cuenten con un tercero, por ejemplo un seguro médico o convenio.
En el caso de los inmigrantes que residen en España de manera regular, serán también las autonomías las encargadas de fijar los requisitos y la documentación que deben aportar estas personas para obtener cobertura sanitaria.
Cuando sean irregulares, el borrador excluye la obligación de acreditar el periodo mínimo de empadronamiento de 90 días que en un primer momento preveía el citado decreto, y serán los servicios sociales de las comunidades los que concedan, a través de un informe favorable, el derecho a la asistencia.
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