El Tribunal Europeo de Luxemburgo ha publicado una sentencia en la que determina claramente que la autoridad judicial que emite una orden de detención europea también está facultada para pedir una opinión prejudicial, y hacer que los jueces de la máxima instancia judicial comunitaria definan los contornos de un caso concreto. Es decir, que esta posibilidad no está solamente en manos del tribunal que debe tratar la orden, sino también puede utilizarla el que solicita la entrega. La sentencia supone un cambio de criterio fundamental ya que el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, había excluido esta posibilidad en la batalla por la orden de entrega del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont que tramitaba un tribunal regional alemán.
El fondo de la sentencia hecha pública ayer, sin embargo, tiene pocos puntos en común con el caso del dirigente soberanista acusado de rebelión y malversación. Se refiere a un ciudadano húngaro acusado de corrupción en Croacia, cuando este último país aún no era miembro de la UE. En el tiempo que ha durado la controversia, un tribunal húngaro lo citó como testigo y consideró que no había delito, por lo que cuando Croacia ingresó en la UE y reclamó la aplicación de una orden europea de detención, las autoridades judiciales húngaras se negaron por dos veces a tramitarla, alegando que el caso ya había sido ventilado. La sentencia de ayer se refiere a la cuestión prejudicial planteada por el tribunal croata, que quería saber si los tribunales del país receptor pueden negarse a ejecutar una euroorden.
La particularidad de esta sentencia es que contradice las conclusiones del abogado general publicadas el pasado 16 de mayo, algo que ocurre raras veces en el Tribunal de Luxemburgo. El abogado general había propuesto sencillamente que los jueces europeos se declarasen incompetentes para responder a esta pregunta, porque entendía que la capacidad de hacer esa consulta correspondía exclusivamente y de una forma natural al tribunal que debe tomar la decisión.
Sin embargo, ahora la sentencia declara que «el hecho de que las cuestiones planteadas se refieran a las obligaciones de la autoridad judicial de ejecución no pone en entredicho la admisibilidad de una petición de decisión prejudicial por parte de la autoridad judicial emisora de la orden europea de detención». Para los jueces de Luxemburgo, dado que la emisión de una orden de detención europea afecta a la libertad individual de la persona reclamada y que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la garantía de los derechos fundamentales incumbe esencialmente al Estado miembro emisor, «es importante que la autoridad judicial emisora tenga la facultad de plantear una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia».
Esta sentencia permitiría ahora a los jueces españoles preguntar a los de Luxemburgo aspectos más técnicos sobre la aplicación de la orden de detención de Puigdemont como por ejemplo si un tribunal regional puede entrar en el fondo de las acusaciones hechas por el Tribunal Supremo de un país miembro a la hora de tramitar la euroorden, a pesar de que no les corresponde a ellos tomar la decisión sobre la misma. La puerta que se abre, sin embargo, sería la última. Cualquier decisión de los jueces de Luxemburgo sería inapelable y definitiva.
Hasta ahora el criterio del Tribunal había sido que la cuestión prejudicial solo correspondía proponerla a los jueces que debían tomar la decisión. En este caso concreto, los jueces de Luxemburgo estiman que la justicia húngara debe ejecutar la orden de detención contra el ciudadano de su nacionalidad porque en el procedimiento que siguieron fue citado como testigo y no como imputado, lo que no anula la acusación en Croacia.
