En pleno debate sobre el futuro del Valle de los Caídos, otro municipio más se ve envuelto en la polémica generada por un símbolo del régimen dictatorial surgido del golpe de Estado perpetrado, en un mes de julio como este, hace ahora 82 años. El conflicto ha estallado esta vez en Aguilar de la Frontera (Córdoba), en torno a una cruz que fue construida en honor a los combatientes franquistas.
El acta de fecha 1 de abril de 1938, que da fe de los acuerdos que adoptó ese día el ayuntamiento impuesto por los militares sublevados, no deja muchas dudas sobre el origen y la finalidad del monumento: "Creyendo plenamente que con ello interpreta el común sentir de la ciudad —se puede leer en el acta manuscrita de la sesión—, propone (…) construir una Cruz monumental destinada a perpetuar la memoria de los Caídos por España, (…) símbolo sagrado de nuestra Redención (…). Nada como ello puede evocar en todo instante el profundo y piadoso recuerdo que podemos y debemos guardar a la bendita memoria de quienes tan generosamente dieron sus vidas por la Causa de la Civilización".
"Lo que simboliza esta cruz y lo que ha pasado delante ella es muy fuerte —relata Francisco Navarro, portavoz de la Asociación de Patrimonio Aguilarense—. Los huérfanos, cuyos padres habían sido fusilados por ser republicanos, eran obligados a venir aquí, a vestirse de falangistas y a rezar delante de esta cruz por las almas de los combatientes del otro bando". Este es uno de los motivos por los que esta asociación considera que la cruz nunca ha sido ni será un símbolo de reconciliación y por ello ha solicitado oficialmente su retirada, para cumplir así con la Ley de Memoria Histórica.
El Ayuntamiento de Aguilar, gobernado por el PSOE, no lo ve de la misma manera: "No se puede hablar a la ligera, sin hacer antes un estudio serio", afirma la alcaldesa, Mª José Ayuso Escobar. En conversación con eldiario.es, la regidora socialista se compromete a respetar la Ley de Memoria Histórica, pero duda de que la permanencia de la cruz suponga un incumplimiento de la misma: "Pediremos un informe a los técnicos municipales y el asesoramiento de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Yo ignoro si a día de hoy esa cruz se puede considerar un símbolo del franquismo".
La cruz de los caídos ha sobrevivido a cuarenta años de ayuntamientos gobernados por la izquierda. Entre 1979 y 1987 la localidad cordobesa tuvo alcaldes del Partido Comunista de España que se limitaron a retirar una placa situada en la fachada de la iglesia que homenajeaba a José Antonio Primo de Rivera. A partir de esa fecha, el gobierno municipal ha estado siempre en manos socialistas o de Izquierda Unida. De hecho, a día de hoy, la segunda fuerza política con más concejales, tras el PSOE, es el Partido Comunista de los Pueblos de España y la tercera es la coalición que lidera Alberto Garzón. Ni unos ni otros se han posicionado a favor de retirar el símbolo; solo Podemos, que no cuenta con representación en la corporación municipal, apoya abiertamente la iniciativa.
El único concejal que tiene el Partido Popular es el que sí se ha mojado en este tema. Y lo ha hecho emprendiendo una campaña para exigir que no se retire la cruz. Los populares aseguran haber recogido ya más de 1.000 firmas que han entregado en el ayuntamiento. Esta iniciativa, sin embargo, ha provocado un efecto inesperado. La plataforma ciudadana Andalucía Entre Todos ha denunciado al PP por considerar que la acción "contraviene de manera flagrante la Ley de Memoria Histórica". En un escrito presentado ante la Consejería de Presidencia y Memoria Democrática de Andalucía, exigen a la Junta que "aplique con el máximo rigor el régimen sancionador" a los promotores de la recogida de firmas por tratarse, a su juicio, de un acto de exaltación de la dictadura. La plataforma cree que puede haber incluso "un delito penal", al estar protagonizado por "cargos electos que se suponen acatan la Constitución española".
Toda esta polémica se produce cuando la Junta de Andalucía está a punto de aprobar el Decreto sobre Símbolos y Actos Contrarios a la Memoria Histórica. En él se fijan unas duras sanciones contra las instituciones y particulares que incumplan la norma. Sanciones que, en el caso de un ayuntamiento como es el caso, pueden acarrear la retirada de todas las subvenciones y fondos públicos que recibe de la Junta de Andalucía, incluido el trascendental Plan de Empleo Rural. El decreto también establece la creación de un Comité Técnico de expertos que se encargará de dictaminar si un elemento es o no contrario a la Memoria Democrática. Todo apunta, por tanto, y salvo que el ayuntamiento cambie de opinión, a que el destino final de la cruz franquista de Aguilar de la Frontera se decidirá en Sevilla.
