Nada cambiará a efectos prácticos. Este lunes, los letrados del Parlamento de Cataluña han entregado al presidente de la cámara autonómica, Roger Torrent (ERC), el informe solicitado para conocer los detalles de la aplicación del auto del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena que suspende de sus funciones a los seis diputados acusados de rebelión.
El informe de los Servicios Jurídicos, realizado por Joan Ridao, establece que se aplique el auto mediante «una suspensión temporal» y que las funciones del voto de los seis afectados las ejerza «un diputado del mismo grupo parlamentario».
De esta manera, la mayoría independentista se mantendrá en la cámara catalana pero Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva perderán mañana mismo (cuando da inicio el último pleno antes del parón veraniego) su condición de diputado autonómico pero no su acta, si así lo aprueba la Mesa que se reúne unas horas antes del inicio del pleno.
El auto de Llarena señalaba que los seis diputados quedaban «suspendidos en las funciones y cargos públicos que estaban desempeñando», una vez cerraba la instrucción y confirmaba la acusación de rebelión, y en aplicación de lo que establece el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Pero también apuntaba en el auto, el magistrado del Supremo, que esta «suspensión» no tenía que afectar, si así lo consideraba la cámara autonómica, a las mayorías parlamentarias, por lo que dejaba abierta la puerta a que «otros integrantes de sus respectivas candidaturas» ejercieran las funciones de los diputados suspendidos.
Los letrados, cuyo informe ha realizado el recién elegido letrado mayor, Joan Ridao, exnúmero dos de ERC, han ajustado -desde su punto de vista- lo que Llarena establece en su auto y, de esta manera, diputados de Junts per Catalunya (JpC) y de ERC asumirán «la condición de sustitutos» de los diputados acusados de rebelión durante el tiempo que tenga efecto el auto de Llarena.
Actualmente, los diputados en cuestión ya ejercen su voto de manera delegada, por lo que a efectos práctivos no cambiará nada en las votaciones del Parlamento autonómico. Sí cambiarán sus prerrogativas pues, a falta de conocer el detalle del informe, los seis diputados dejarán de cobrar sus respectivos sueldos.
«Los diputados suspendidos mantendrán su acta, no se alterarán las mayorías parlamentarias existentes en la cámara y se garantiza la efectividad real de los acuerdos que se tomen en el pleno del Parlamento», resumen el informe fuentes del entorno de Torrent, que también destacan que los letrados cuestionan, pese a todo, la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
