Los funcionarios y personal laboral destinados en las prisiones catalanas, custodiando, por ejemplo, a los nueve procesados del “procés” que se encuentran desde hace ya más de una semana en centros penitenciarios catalanes, cobra una media de 7.748 euros al año más que sus compañeros destinados en prisiones de similares características.
Esto significa una media de 553 euros mensuales, según datos de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios CSIF), la cual va a exigir (martes) al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la puesta en marcha de medidas urgentes para los más de 23.000 funcionarios de prisiones, entre las que figura la equiparación salarial con lo que perciben sus compañeros de Cataluña, única comunidad que tiene asumida las competencias en Instituciones Penitenciarias.
Las diferencias salariales con Cataluña oscilan desde un mínimo de 1.600 euros al año ( para los funcionarios de oficina genérico) hasta los 25.000, para puestos de más nivel profesional. Esta equiparación salarial con Cataluña, según los datos de CSIF, supondrían al Estado un gasto de 168 millones de euros, cantidad que se elevaría hasta los 224,5 millones de euros si se incluye una equiparación total, el abono de las pagas extras pendientes desde el Gobierno de Rodríguez Zapatero o la subida económica en función del incremento también de nivel o categoría.
Al menos, CSIF exigirá el destino de los 168 millones para que los funcionarios de prisiones del resto de Estado puedan cobrar lo mismo que sus compañeros de Cataluña, dejado el resto de partidas para una posterior negociación. Esta diferencia de sueldo radica, principalmente, en el complemento específico que abona la Generalitat a sus funcionarios, algo que puede generar interpretaciones para todos los gustos.
Así, por ejemplo, un director de una prisión “tipo” -es decir, que no sea un Centro de Inserción Social de tercer grado- de Cataluña percibe 72.201 euros anuales, mientras que ese mismo cargo en el resto de España tiene una asignación de 49.759 euros, una diferencia de más de 22.000 euros anuales, que se incrementan en el caso de los médicos que trabajan en las cárceles, pues de los 46.364 euros que percibe un facultativo destinado en una prisión no catalana, el mismo puesto está retribuido con 62.338 euros.
Aparte de la equiparación salarial con Cataluña, CSIF exigirá al ministro Marlaska tomar medidas urgentes que frenen el “envejecimiento masivo y las jubilaciones masivas en los próximos años”, para lo cual reclamarán una oferta de empleo 3.500 plazas, que es el déficit existentes.
En materia de seguridad privada, mostrará al titular de Interior su rechazo a la externalización de los servicios públicos para evitar la duplicidad de puestos (ya la Guardia Civil es la encargada también de la vigilancia), “lo que ahorraría 33 millones de euros anuales a las arcas públicas”.
