El Tribunal Constitucional acaba de tumbar uno de los requisitos que el Gobierno del PP introdujo en 2013 para endurecer el cobro del subsidio para mayores de 55 años. El Tribunal considera inconstitucional que para determinar si una persona tiene derecho a cobrar ese subsidio se computen los ingresos de toda su unidad familiar en lugar de sus ingresos individuales. La sentencia, que se publicó el pasado 7 de julio en el BOE, está motivada por el recurso que interpusieron más de cincuenta diputados socialistas poco después de la aprobación de la norma.
En 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó un Real Decreto de medidas "para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo". Bajo ese nombre se escondía, entre otras cosas, un endurecimiento de los requisitos para cobrar el subsidio de mayores de 55 años. La ayuda iba dirigida a los mayores de esa edad que, con o sin cargas familiares, hubieran agotado otra prestación, hubieran cotizado al menos seis años a lo largo de su vida y cumplieran con los requisitos para acceder a una pensión contributiva, salvo la edad.
Carlos Bravo, secretario confederal de Seguridad Social de CCOO, señala que "la sentencia pone en evidencia otra vez el abuso que hizo el Gobierno del PP con este tipo de decretos a la hora de gobernar".
El decreto del Ejecutivo de Mariano Rajoy introdujo un nuevo criterio que, en la práctica, hizo que muchos potenciales beneficiarios dejaran de serlo. Desde marzo de 2013 comenzó a computar las rentas familiares de los posibles perceptores. Es decir, si una persona quería cobrar el subsidio, la suma de rentas de su unidad familiar dividida por el número de integrantes no podía superar el 75% del salario mínimo interprofesional.
El nuevo requisito perjudicó a las personas que convivían con cónyuges o hijos que cobraran salarios de poco más de mil euros. Aunque solo afectó a quienes a partir de ese momento querían acceder a la ayuda, supuso un recorte de beneficiarios en un momento en el que el paro golpeaba fuerte al colectivo. Entre 2007 y 2017, el desempleo entre las personas mayores de 55 años creció un 292%.
En un informe reciente, UGT aseguraba que durante esta década la situación ha obligado a los mayores de 55 años a "aceptar subempleos, temporales y parciales" con consecuencias sobre sus ingresos, ya que el colectivo ha sido especialmente golpeado por el paro de larga duración.
Bravo añade que la sentencia "obliga a cambiar la prueba de rentas" y que, en todo caso, desde su sindicato esperan que el Gobierno "modifique pronto la configuración del subsidio de mayores de 55 años".
En este sentido, el Ministerio de Trabajo admite que la sentencia obliga a cambiar el criterio de cómputo de forma inminente. Trabajo tendrá en cuenta los requisitos anteriores al cambio introducido en 2013: solo se computarán los ingresos del propio beneficiario, sin incluir los de su unidad familiar. El Ministerio está también estudiando recuperar el subsidio para mayores de 52 años, una medida que podría tener un impacto de unos mil millones de euros, aunque aún se desconoce un número más o menos aproximado de a cuantas personas podría beneficiar.
Para la Secretaria de Políticas Sociales de UGT, Mari Carmen Barrera, la sentencia corrobora la denuncia que sostienen desde hace años: que ese tipo de criterios vulneran "el ámbito personal de los derechos individuales, de lo que generas por trabajar". Como el cambio de criterio solo afectará a los nuevos beneficiarios que soliciten la ayuda, Barrera insta al Ministerio a negociar algún tipo de reparación para las personas que se quedaron descolgadas y a las que el no acceder a esta ayuda les ha perjudicado, por ejemplo, para el cobro de su pensión.
De hecho, un colectivo muy perjudicado, dicen algunas fuentes consultadas, es el de personas a las que en su día se les denegó la ayuda por este nuevo criterio de rentas y que ahora tampoco podrían solicitarla por incumplir otro de los requisitos: proceder de otro subsidio. Aunque ahora se vuelva a aplicar un criterio de rentas personales, estas personas quedarían en un limbo, desenganchadas del sistema de prestaciones.
UGT señalaba que de los 3,4 millones de parados registrados a finales de 2017, un 23% tenía más de 55 años. Por otro lado, de las 1,9 millones de personas que cobran prestaciones, 546.000 (el 28% del total) es mayor de 55 años: 116.000 reciben una prestación contributiva y 378.566 reciben prestaciones asistenciales, entre las que está el subsidio de mayores de 55 años. El sindicato calcula que unas 240.600 personas paradas que superan esa edad están fuera del sistema de protección social, una cifra a la que habría que sumar a quienes están paradas pero ya no están inscritas en los servicios públicos de empleo.
