El recrudecimiento de la violencia en Nicaragua, que el fin de semana cobró al menos 14 vidas, tiene al borde de la ruptura el diálogo para resolver la crisis que deja unos 250 muertos en casi tres meses de protestas contra el presidente Daniel Ortega.
Los fuertes enfrentamientos de antimotines y paramilitares contra manifestantes opositores ocurrieron el domingo en las ciudades de Jinotepe y Diriamba (suroccidente), un día después de que Ortega descartara adelantar las elecciones.
La Iglesia católica, que media entre el gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, planteó adelantar los comicios de 2021 a marzo de 2019 a fin de salir de la turbulencia que envuelve al país desde que estallaron las protestas el 18 de abril.
Pero tras la declaración de Ortega y los hechos de sangre del domingo, la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) advirtió que valora "seriamente la continuación en el diálogo", que ha sido suspendido en tres ocasiones desde que inició a mediados de mayo.
Este lunes persistía el clima de miedo en Jinotepe, con pobladores resguardados en sus casas mientras unos 50 hombres encapuchados vestidos de civil y con banderas del gobernante Frente Sandinista se mantenían apostados frente a la basílica de San Sebastián, donde manifestantes se encontraban atrincherados desde la madrugada de domingo.
"Pasamos completamente rodeados toda la noche, había quizás un centenar de paramilitares fuertemente armados que pasaron amedrentándonos (...) Tiraban morterazos a la entrada y hace 30 o 40 minutos nos tiraron dos bombas lacrimógenas que inundaron toda la iglesia", contó a la AFP un joven atrapado en la basílica.
"No hemos podido dormir, no hemos podido comer, no nos hemos podido asear porque estamos rodeados. Estamos esperando que vengan organismos de derechos humanos o alguien que nos venga a sacar", agregó.
Para el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, no se puede negociar con "los representantes de un gobierno que miente, que no acepta su responsabilidad y continúa atacando y masacrando a la población".
Los obispos convocaron a las partes a la mesa de negociaciones este lunes en las comisiones de verificación y seguridad, y la electoral. Pero en la tarde del domingo anunciaron que sólo trabajará la primera.
Los hombres armados, entraron con la policía el domingo en Jinotepe y Diriamba derribando barricadas que habían levantado los opositores, produciéndose un fuerte tiroteo, según testigos y grupos de derechos humanos.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, precisó a la AFP que el domingo hubo como "mínimo 14 muertos", de ellos unos cuatro integrantes de las fuerzas de Ortega y el resto opositores.
La Policía atribuyó la muerte de dos de sus efectivos -de los cuatro fallecidos en las fuerzas combinadas del gobierno- a "terroristas con armas de fuego" que estaban en las barricadas.
Palas mecánicas desmontaron las barricadas y despejaron las vías para que circularan más de 350 furgones de carga centroamericanos que estaban varados desde hacía más de un mes en la carretera bloqueada de Jinotepe.
Las incursiones en Diriamba, a 45 km de Managua, y Jinotepe, a 40 km, dejan también decenas de heridos y una veintena de detenidos.
El fin de semana hubo además acciones violentas en las ciudades de Juigalpa (centro), León (occidente) y Matagalpa (norte), donde al menos una persona murió, según grupos de derechos humanos.
"La violencia se ha recrudecido. Hemos observado la situación de uso de grupos paramilitares, grupos armados que actúan bajo la presencia de la policía en la represión", dijo el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, antes de partir de Managua.
El detonante de las protestas fue una reforma a la seguridad social, pero se propagaron tras la represión gubernamental y ahora los opositores exigen la salida de Ortega, a quien acusan de instaurar con su esposa Rosario Murillo una dictadura marcada por la corrupción y el nepotismo.
Ante miles de seguidores en Managua, Ortega, exguerrillero de 72 años que gobierna desde 2007 por tercer periodo consecutivo, descartó el sábado adelantar los comicios.
Báez advirtió que la Iglesia seguirá apostando al diálogo, pero responsabilizó al gobierno "si se rompe" por "no haber querido encontrar una salida pacífica a esta crisis que ellos mismos han provocado".
Para aumentar la presión, la Alianza Cívica llamó a una marcha el próximo jueves y a un paro nacional el 13 de julio, el segundo convocado en la crisis, luego de uno el 14 de junio con gran acogida de empresarios y trabajadores.
Pero el gobierno prepara una contraofensiva con la celebración masiva -en fecha aún no revelada- de una efeméride previa al 39 aniversario de la revolución que se festeja el 19 de julio.
