A poca distancia de donde fueron enterrados los tres jóvenes muertos a tiros el jueves durante el ataque de policías y parapolicías a las trincheras del barrio de Sutiaba, en León, este domingo fue sepultado Mario Antonio Martínez Peralta, de 18 años.
“Lo único que sé es que lo fui a traer a la morgue del hospital y no me doy cuenta de nada, seguro que ahí lo fueron a dejar”, expresó Claudia María Peralta durante el funeral de su hijo.
Peralta, de 48 años, exigió justicia por el asesinato de Mario Antonio, pero manifestó no saber “cómo ni dónde pedirla”.
“Era un chavalo que no le hacía daño a nadie, inocente, tierno, con un gran futuro por delante y me lo acribillaron, así con 18 balazos, me lo desfiguraron, me le sacaron todas las vísceras y todavía costó que en el hospital me entregaran su cadáver”, reprochó su padre, Mario Ramón Martínez, quien reveló que en el Hospital Escuela Óscar Danilo Rosales le negaron el epicrisis y le condicionaron la entrega del cadáver.
“Me dijeron que me lo entregaban pero que lo enterrara ahí no más, pero les dije que no era un animal, que tenía que velarlo, que tenía que verlo su familia por última vez”, denunció Martínez al calificar la muerte de su hijo como “un crimen en contra de la juventud”.
Mario vivía en el reparto Carlos Núñez, sector Sutiaba, y fue acribillado cuando visitaba a unos amigos en La Pintora, al noreste de la ciudad, según la versión de testigos.
En horas del mediodía, la población de Sutiaba continuaba acechada por policías antimotines y civiles encapuchados y armados, que de manera intimidante patrullaban las calles apuntando sus armas, a bordo de, al menos, ocho camionetas.
El padre Víctor Morales, párroco de la capilla San Pedro en Sutiaba, y otros sacerdotes de la Diócesis de León intercedieron a favor de más de 60 detenidos, logrando que la noche del sábado fueran liberados 22.
“Hacemos hincapié que son detenciones ilegales y por eso deben ser liberados”, expresó el padre Morales luego de presidir una eucaristía en la capilla San Pedro.
Aracely Marina Somarriba, representante en León del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), confirmó que de abril a julio han recibido más de 400 denuncias de la población leonesa, relacionadas con secuestros o detenciones ilegales, amenazas, intimidación, difamación por las redes sociales, torturas y violación.
Somarriba aseguró que el registro de casos va en aumento. “Todos los días recibimos denuncias, sobre todo en estas últimas dos semanas, cuando se han registrado hechos violentos que han dejado varios muertos, lesionados, allanamientos y detenciones ilegales”, expresó la funcionaria del Cenidh.
