Decenas de camionetas con civiles encapuchados armados, acompañados por fuerzas policiales, irrumpieron desde las 5:30 a.m. en las ciudades de Diriamba, Dolores y Jinotepe para ejecutar la denominada “operación limpieza” de tranques y barricadas que los protestantes antigubernamentales instalaron hace más de un mes.
“Tenemos mínimo 14 muertos, pero pueden ser más. Se incluyen, al menos, un antimotín, un paramilitar y dos policías”, dijo a la AFP la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez.
“Barrieron con todas las barricadas. Hay más muertos que no hemos podido confirmar su identidad. Hay una cantidad de presos y heridos. Un desastre”, agregó Núñez.
Otro organismo, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) estimó que también hay, al menos, 30 heridos.
El operativo ocurrió un día después de que el presidente Daniel Ortega anunciara que continuaría “luchando por la paz, para que desaparezcan de toda Nicaragua esos lugares” donde hay barricadas y tranques producto de las protestas.
Las parroquias Santiago y San Antonio, en Jinotepe, y la parroquia San Sebastián, en Diriamba, sonaron las campanas alertando de los ataques. Estos templos fueron asediados por los grupos parapoliciales durante varias horas, denunció en Managua el cardenal Leopoldo Brenes.
Entre los fallecidos están los agentes policiales Hilario Zavala y Faber López, según informó la Policía a través de medios oficialistas.
En Jinotepe se confirmó la muerte de Luis Acevedo, de 29 años, reconocido profesor de inglés y padre de tres hijos. Otras dos víctimas fueron identificadas como José Luis Mojica García, de 18 años, y José María Campos.
Los encapuchados llegaron armados con escopetas de alto calibre, ametralladoras y granadas, dijeron testigos. Varios drones sobrevolaron las ciudades, relataron pobladores que pidieron no ser identificados por temor a represalias.
En el tranque de Hertilandia, ubicado a la salida hacia San Marcos, los civiles armados pro-Gobierno llegaron rafagueando a los jóvenes que protestaban allí.
En los barrios La Competencia, Cruz de Guadalupe, entrada a la comunidad El Dulce Nombre (carretera Panamericana Sur), Ana Virgen Noble y el sector de San José fueron desinstaladas las barricadas, por lo que estos territorios quedaron bajo el dominio de los encapuchados.
En el tranque del colegio San José, salida norte de la ciudad, también desmantelaron barricadas, tomaron el centro de estudio y se apropiaron de un puesto médico improvisado que atendía a protestantes.
El Hospital Regional Santiago y el Hospital Antonio Román Matus “In Memorian” (Harmin) fueron controlados por los parapoliciales para impedir que los heridos fueran atendidos, según denunciaron los pobladores.
Según testigos, decenas de furgones que estaban varados desde hace un mes en la carretera entre Diriamba y Jinotepe fueron apartados de la vía, para facilitar el paso de la maquinaria pesada que llevaron los antimotines y los encapuchados para desmantelar barricadas.
A diferencia de ataques anteriores, esta vez en Diriamba las fuerzas de choque irrumpieron en el centro de la ciudad y en barrios periféricos.
La plaza del reloj de Diriamba fue tomada por encapuchados, que también se enfrentaron a manifestantes en el sector de Las Palmeras, La Mascota, La Libertad, en el empalme de San Gregorio, San Francisco, Santa Juana y San José, en la salida a La Boquita.
Después de levantadas las barricadas y los tranques, los antimotines y encapuchados irrumpieron en varias casas de Jinotepe y Diriamba para detener a jóvenes que estaban en una lista, denunció la ANPDH.
Un grupo de hombres fue llevado hasta la estación policial, ubicada en las Cuatro Esquinas, San Marcos, donde fueron golpeados y obligados a desnudarse, denunciaron vecinos con fotografías publicadas en redes sociales.
“La cantidad de secuestrados, desaparecidos y heridos es indefinida, estamos trabajando en eso. Fue una carnicería lo que hicieron en Carazo, una gravísima violación a los derechos humanos”, explicó Álvaro Leiva, de la ANPDH, la noche del domingo.
El activista de derechos humanos denunció que un grupo de encapuchados impedía el acceso del personal técnico de este organismo a los municipios de Diriamba y Jinotepe.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el ataque y nuevamente hizo un llamado al Gobierno a desmantelar las fuerzas irregulares.
“Sigue la represión en Nicaragua. Grupos armados progubernamentales apoyados por la Policía entran en las ciudades de manera masiva. Tiroteos y ráfagas de balas. Ayer Matagalpa. Ahora alrededores de Jinotepe y Diriamba. Estado está incumpliendo su deber de desmantelar a las turbas”, escribió en Twitter el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo eco del pedido de la CIDH. Ambos organismos expresaron a la Cancillería la solicitud de “observar la protección a la vida y la integridad física de las personas en Carazo”, señaló Abrão.
