El 33,6% de la electricidad producida en España en 2015 lo fue a partir de tecnologías limpias o no emisoras de gases de efecto invernadero. De ellas, el 13,8% procedieron de las denominadas energías renovables no convencionales, es decir, todas aquellas diferentes de las plantas hidroeléctricas que aportaron el 11,1%. Como nota al margen, a estas últimas hay quien les anota el estigma de ser una herencia de la política franquista de impulso de los regadíos, la electrificación necesaria para el desarrollo económico y el autoabastecimiento energético. Con los datos en la mano, España está más de diez puntos por encima de la media mundial que mostró para el mismo año, un 21,1% de aporte de energías limpias en la generación eléctrica. Bien parece que el día que los españoles nos liberemos definitivamente de nuestro complejo de ser tales, podremos exhibir como contribución adicional al desarrollo de la Humanidad, esta suerte de orgullo verde. Para seguir en el pelotón de cabeza del liderazgo internacional de la transición hacia economías descarbonizadas o poco contaminantes, España y el resto del mundo deben avanzar en algunos aspectos en los que cada país muestra un desarrollo desigual. Probablemente los peores resultados que España muestra en el camino hacia la descarbonización están en el sector de transporte, todavía dominado por los vehículos convencionales movidos por motores de gasolina y diésel. En términos de emisiones, la energía consumida en el transporte contribuye, de forma directa, con el 25% de las emisiones totales de CO2 equivalentes en España. La penetración del coche eléctrico o del coche híbrido está muy lejos de los estándares europeos y también del propio compromiso de los gobiernos españoles. La Estrategia de Impulso del Vehículo con Energías Alternativas (2014-2020) del anterior Ministerio de Industria, Energía y Turismo estableció un objetivo para 2020 de 150.000 vehículos eléctricos partiendo de una cifra de 10.000 vehículos eléctricos existentes en 2014. La cifra era de 14.000 vehículos en 2017 sobre un parque total de vehículos de casi 23 millones. España también debe avanzar en el modelo de autogeneración eléctrica distribuido que otorga a los consumidores finales un papel mucho más activo en la gestión óptima de su demanda eléctrica al tiempo que los convierte en generadores de su propia energía cuyo excedente –de existir– vierten a la red. Sin embargo, España aún no permite que la electricidad vertida a la red por los hogares sea retribuida por las empresas comercializadoras. Un buen ejemplo a tomar como referencia es el modelo chileno derivado de la Ley 20.571. Esta ley obliga a las comercializadoras a dar conexión al pequeño generador de energía doméstica y a comprar la energía vertida al mismo precio que le cobran cuando es el consumidor el que la toma de la red. El sistema funciona mediante descuentos en la factura que obligan al consumidor a pagar sólo por el balance neto entre la electricidad tomada de la red y la vertida.
Sobre esta misma realidad, un nuevo desafío consiste en regular los sistemas de almacenamiento doméstico o distribuido. En esencia lo anterior consiste en permitir a los hogares incorporar en las viviendas que reúnan los requisitos técnicos necesarios, pequeños equipos de almacenamiento eléctrico o baterías cuyo exceso viertan igualmente a la red recibiendo por ello la misma retribución que pagan a la comercializadora cuando toman energía eléctrica de la misma red.
Naturalmente todo esto conduce a un sistema de gestión del sistema eléctrico más complejo y apartado del actual en el que un gran operador de mercado, el OMIE en acrónimo español, se ocupa de casar la oferta y la demanda de energía eléctrica sin que exista riesgo de apagón. Pero aunque más complejo, los sistemas de gestión inteligente de la red eléctrica lo facilitan siempre que se otorgue a la energía procedente de los hogares una prioridad de vertido similar a la que ahora gozan tecnologías como la nuclear o las nuevas energías renovables. También es necesario contar con tecnologías de respaldo del tipo plantas de ciclo combinado que, naturalmente, deben ser remuneradas por estar permanentemente dispuestas a entrar en producción cuando las condiciones climáticas hagan que se reduzca el aporte de las renovables por falta de viento, de sol o de agua. Precisamente, este importante asunto del coste de las energías de respaldo debería entrar en los criterios de próximas subastas para nuevas plantas de energía renovable, es decir, entre los criterios a incluir en la subasta no sólo deben entrar el coste de inversión de la nueva planta y el sistema de tarifas que se va a aplicar a la energía que produzca, sino también el coste que el sistema en su conjunto, vale decir todos los consumidores españoles de electricidad, va a soportar poniendo en marcha centrales de respaldo que actúen como colchón cuando la meteorología reduzca el aporte de las renovables.
Con todos estos desafíos, España sigue estando en el pelotón internacional de cabeza en la transición hacia sistemas económicos poco contaminantes. En algunos casos incluso liderando el pelotón. Algo que debiéramos exhibir con orgullo sino fuera por el complejo que nos han inoculado en las últimas décadas en beneficio de todos los interesados –internos y externos– en debilitar a nuestra nación.
