La diputada de Ciudadanos se considera más abogada que política, pero clama por dignificar las instituciones, frente a los que venían a «regenerarlo todo».
-Como denunciantes de las irregularidades, ¿qué percepción hay desde el grupo Ciudadanos del caso Alquería que afecta a Divalterra?
-El caso Divalterra es la crónica de una muerte anunciada. Nosotros llevamos un año pidiendo información y siempre se nos daba largas. Pedíamos Consejos Extraordinarios y Juntas Extraordinarias y no se nos daba nada, máxime cuando su obligación legal es informar a los consejeros y a los diputados. Incluso llegamos a ir con un notario. Es la crónica de una muerte anunciada porque había doce informes que evidenciaban que se estaba cometiendo una irregularidad.
Si aquí se prueba que son enchufados y que estas personas no han seguido el procedimiento de concurso con mérito y capacidad como dicen los doce informes, y esto ha sido pagado con dinero público, eso es delito, del 405 del Código Penal. Por el hecho de que sean cuestiones administrativas no se puede decir que no tiene reproche penal.
-¿A partir de qué momento Ciudadanos comienza a sospechar?
-Estábamos viendo que las contrataciones se estaban haciendo sin pasar por el Consejo de Administración. Las únicas dos que se pasan son las de la cogerencia, pero nada más.
-Pero antes, con Sahuquillo, también hubo polémica...
-Sí, pero eso quedó un poco silenciado. Compromís exigió su cese y ahí quedó todo.
-¿Cuál es el momento en que el consejero de Ciudadanos decide que hay que poner los hechos en conocimiento del fiscal?
-Llega un momento en el que todo consejero tiene responsabilidad patrimonial. Ante todas las advertencias que ha hecho Ciudadanos, incluso en la Junta General Extraordinaria, y en todos y cada uno de los Consejos, no quedaba otra salida. Y hemos hecho lo que Ciudadanos preconiza: dejarlo en manos del órgano competente para valorar si hay indicios. De hecho, anticipo que Ciudadanos no se va a personar en la causa. Nosotros confiamos en los servidores públicos, en este caso, el Ministerio Fiscal y el juez. No vamos a hacer un circo ni a politizar la Justicia.
-En el sexto punto de su denuncia se señala que es posible que parte del dinero de los sueldos haya ido a los partidos. Pero esto es una práctica habitual porque los cargos públicos de PSPV, Podemos y EU dan parte de su sueldo al partido. ¿No lo sabían ustedes o piensan que puede haber algo más?
-Me permitirá que le conteste como abogada: estando el caso en secreto de sumario, vamos a dejar que trabajen los investigadores para ver si hay algo más.
-¿Ustedes conocían las amenazas y coacciones que denuncian algunos trabajadores y que dio origen a la investigación, a la que luego se une su denuncia?
-No teníamos percepción de ello. Cuando presentamos la denuncia nos dicen que se acumula a otra ya presentada. No sabíamos nada más. Sí que hemos percibido en las reuniones con los trabajadores cierto miedo, porque la situación laboral es precaria y al final... va el pan de cada familia.
-Jorge Rodríguez calificó a los siete asesores como cordón sanitario contra la corrupción que impuso el PP. ¿Está de acuerdo con el perfil de estas personas que marcó Rodríguez?
-Si tú quieres poner de verdad un cordón sanitario has de poner al interventor y al secretario. El secretario de la Diputación, a los tres meses de estar Rodríguez presidiendo el Consejo de Divalterra, se va, deja el cargo y Divalterra se queda sin ningún funcionario de carrera. No podemos dejar la gestión de la empresa en manos de personas que no han demostrado mérito ni capacidad para ocupar esos puestos. ¿Qué cordón sanitario hacemos si duplicamos las cogerencias?, estamos duplicando sueldos porque no se fían unos de otros. Estamos dilapidando el dinero.
-¿Divalterra es necesaria? Podemos es partidario de su disolución.
-¿Necesitamos personas que limpien los montes para prevenir incendios? El problema es que aquí vamos a bandazos. PSPV y Compromís pensaban que Divalterra era necesaria incluso para poner altos directivos y gastar 75.000 euros al año por directivo, y ahora vamos al bandazo de que cuando me han pillado en la operación Alquería, ahora hay que liquidar. Eso no es tener un proyecto provincial. Pues ante esos bandazos, lo que hay que hacer es no volver a cometer errores, y las decisiones políticas han de quedar vinculadas a informes técnicos de viabilidad.
-Pero el servicio lo podría gestionar Agricultura y Medio Ambiente.
-El personal de Divalterra es laboral, nunca va a poder pasar aquí a la Diputación. ¿Es posible pasar todos los brigadistas al Consorcio?, pues habrá que estudiarlo, pero sin dar bandazos porque estamos hablando del trabajo de 700 familias.Tanto que defendieron desde el PSPV y Compromís a los trabajadores de Canal 9, ¿por qué no defienden a los trabajadores de Divalterra?, ¿acaso no son también valencianos los trabajadores de Divalterra?
-Por qué Jorge Rodríguez no está legitimado para presidir la Diputación, pero sí su Ayuntamiento?
-Para mí no lo está. Yo creo que debe dar un paso atrás. Es absurdo que un no adscrito sea alcalde. Y solo ha delegado funciones hasta el 9 de julio.
