¿Alguna vez ha abierto usted una cuenta en alguna entidad financiera? A buen seguro que sí, porque la ley nos obliga a ello si queremos cobrar el sueldo, la pensión o percibir una subvención. Si lo ha hecho, habrá comprobado que para que el banco le acepte como cliente, aunque sólo sea como poseedor de una simple cuenta, habrá tenido que firmar como mínimo diez o doce veces: que si aquí y aquí en el contrato; que si la cláusula de confidencialidad; que si la ley de protección de datos; que si la abuela fuma... Una panoplia de papeles que nadie lee y que todos firmamos con la fe del carbonero. Nada es más cobarde que el dinero, y quienes viven de su tráfico, tienen que asegurarse siempre de que ninguna cosa perturbará la paz y la seguridad de tan poderoso caballero. Por eso, para cualquier nimiedad, los intermediarios se la cogen con papel de fumar y nos obligan a firmar hasta la extenuación.
En 2008 nadie o casi nadie en España sabía lo que era la prima de riesgo. Pero apenas un par de años después cualquier español hubiera podido dar clases en Harvard sobre esa famosa prima que de, tanto tratarla, casi había acabado por ser prima carnal. Y lo mismo podía pasar con una «comfort letter» (el complejo españolísimo de nombrar a las cosas en inglés para sonar más viajado viene de largo. Si no, lean el magnífico ensayo de Noël Valis, «La cultura de la cursilería: mal gusto, clase y kitsch en la España moderna»). Por eso y aunque la ley advierte como principio axial que desconocerla no exime de cumplirla, suena bastante coherente lo que afirma el exalcade de Valladolid a propósito de la que está por llevarle a la trena si los jueces no lo remedian. Si como asegura él, aquello era una carta (que es lo que, como todo el mundo sabe, significa la palabra «letter» en inglés) que él firmó como tal, resulta bastante extraño que con un simple papel estuviera avalando y comprometiendo en nombre del ayuntamiento que entonces regía nada menos que cien millones de euros para la operación de soterramiento del tren.
Resulta extraño, digo, conociendo la burocrática, extenuante y desconfiada práctica bancaria española, que para abrir una simple cuenta uno tenga que firmar que no mató a Kennedy y, en cambio, para avalar cien millones de eurazos en una operación a varias bandas baste con echar una rúbrica en un carta de conformidad. No me negarán ustedes que la cosa es rara y entra dentro de lo comprensible que lo que León de la Riva creyera estar firmando fuera más un declaración de intenciones que una condena segura en caso de incumplimiento. ¿O no?
