Asediados, bajo las balas, encarcelados, marcados y con la vida en un hilo por reclamar por los derechos de otras personas, denuncian defensores de los derechos humanos en Nicaragua, quienes a la par de sacerdotes, son las únicas instancias a las cuales la población pide apoyo porque no confían en las instituciones del Gobierno.
El secretario general de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva, seleccionado para recibir el premio Franco Alemán de Derechos Humanos 2018, dijo que las organizaciones de derechos humanos hoy están bajo ataque y son el único refugio de la población.
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“Somos voluntarios y estamos comprometidos con la población. Esto tiene que ver con la convicción social, con la satisfacción de servir a costa de nuestra seguridad”, afirmó el representante de ANPDH, destacando que el ver cómo se apaga una vida que lucha por sus derechos es lo más duro que le ha tocado vivir.
“Mi momento más difícil fue ver caer a un ciudadano que reclamaba y luchaba por sus derechos. Uno es humano y no me da pena decir que he llorado sintiendo la impotencia de no poder salvar esa vida”, expresó Leiva, quien ha estado presente en distintos lugares en conflictos, entre ellos Masaya durante el asedio de antimotines y parapolicías que disparaban sin piedad contra la población.
Leiva indicó que es difícil ejercer la defensoría cuando está en el poder un Gobierno que no respeta las garantías constitucionales ni los símbolos de defensores de derechos humanos.
Agregó que, incluso, una bandera blanca la mayoría de veces no significa nada para las instancias represoras del Gobierno.
A la par de la ANPDH están el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), ambas con una experiencia de más de tres décadas.
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El director de programas del Cenidh, Juan Carlos Arce, indicó que las organizaciones de derechos humanos ahorita son objeto de medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que obliga al Gobierno a ver las medidas de protección a tomar, sin embargo, ningún funcionario las hace efectivas.
“No solo recibimos amenazas, también nos sabotearon la conexión a Internet al menos en dos ocasiones. Nos mandan gente a vigilar nuestros movimientos. También la descalificación y la estigmatización. Estos son mecanismos del régimen para atacar a los defensores de derechos humanos”, comentó Arce.
Añadió que Gonzalo Carrión y Adelayda Sánchez son víctimas de estas campañas de intimidación.
Gonzalo Carrión, con 25 años en la labor de la defensoría de derechos humanos, destacó que tras las amenazas en las redes sociales, los investigan, los señalan de cometer delitos y están expuestos a un ataque de los fanáticos del partido de Gobierno o de los parapolicías que pueden hacerlos desaparecer.
Para el director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Marcos Carmona, la labor de defensoría siempre es difícil y lo es más cuando el Gobierno es intolerante, y expresarse para hacer un reclamo es calificado como un ataque en su contra.
“Nos amenazan de muerte, nos denigran en redes sociales, nos asedian y agreden. Por ser esto una constante, pedimos medidas cautelares a la CIDH para todo el equipo de la CPDH y nuestro núcleo familiar”, dijo Carmona.
Señaló que prueba de las agresiones fue el ataque con armas de fuego contra los promotores de Boaco.
“El coordinador Jaime Ampié y sus tres promotores decidieron hacer la denuncia pública, y la respuesta del Ministerio Público fue imputarles supuestos delitos de crimen organizado y terrorismo”, indicó Carmona.
Señaló que aunque el sistema policial y judicial está confabulado en criminalizar a los defensores de derechos humanos, la CPDH continuará con su labor.
