«Usted no es nadie. Usted es lo que yo digo que es. Nada más». Esta sentencia de Aldolfo Suárez a Josep Tarradellas resume la primera gran reunión entre Cataluña y el Estado en 1977. Un encuentro agrio entre dos dirigentes en las antípodas ideológicas que sirvió, no obstante, para sentar las bases de la restauración de la Generalitat. «Propuesta que él hacía, propuesta que yo rechazaba; propuesta que yo hacía, propuesta que él rechazaba. Y así pasamos dos acaloradas horas discutiendo», dijo Tarradellas de una cita para la historia, que dejó algunos detalles importantes para interpretar la siempre complicadas relaciones entre Moncloa y la plaza Sant Jaume.
Aún en el exilio, Tarradellas acudió al encuentro con Suárez reivindicándose como «presidente de la Generalitat», título que Suárez le negó. Sin embargo, sí accedió a otorgarle el tratamiento de «molt honorable», una definición para la posteridad con fuerte carga simbólica en Cataluña. Este gesto provocó que el dirigente republicano saliese de Moncloa alabando el tono «cordial» de la reunión y asegurando que la conversación había ido bien. Un resumen que gustó a Suárez y que se convirtió en el germen para la restauración de la Generalitat y la vuelta de Tarradellas tan sólo tres meses después.
La gesticulación pública, el entendimiento desde la más absoluta distancia o la precaución de ir paso a paso se repiten a lo largo de una cronología repleta de pactos y desacuerdos, en la que Cataluña siempre ha pedido más de lo que Moncloa le ha dado.
Ya con Jordi Pujol en el Palau de la Generalitat y Felipe González en el Gobierno, los encuentros entre ambos no empezaron de la mejor manera debido al caso Banca Catalana y a las diferencias a raíz de la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico). Los nacionalistas rechazaban entonces que una ley orgánica estatal limitara o regulara el despliegue del Estatut, una queja que suena muy familiar en la Cataluña de hoy. En esta época, eso sí, Pujol logró que el Gobierno transfiriese a la Generalitat las competencias en prisiones y política penitenciaria o el despliegue de un modelo sanitario propio.
Tras años de desencuentros, el resultado de las elecciones generales de 1993 y la necesidad de apuntalar la presidencia de Felipe González con el apoyo de los nacionalistas derivaron en citas mucho más cordiales y un pacto, el de 1993, que incluía la cesión del 15% del IRPF a las comunidades autónomas.
En 1996, con la llegada de José María Aznar al Gobierno, la Moncloa se trasladó al Majestic, el hotel de Barcelona donde se fraguó otro gran pacto entre la Generalitat y el Ejecutivo. De esos encuentros nocturnos donde el popular decía que hablaba catalán «en la intimidad», Pujol arrancó importantes beneficios: el control del tráfico por parte de los Mossos, el despliegue de un cuerpo policial autónomo en todo el territorio, plenos poderes en educación y política lingüística o la implantación definitiva de la financiación autonómica, entre otras contrapartidas a su apoyo a la presidencia de Aznar.
El siguiente alto en el camino llega con José Luís Rodríguez Zapatero en Moncloa y Pasqual Maragall en la plaza Sant Jaume. No obstante, fue una cita nocturna y secreta entre el presidente del Gobierno y el entonces líder de la oposición en Cataluña, Artur Mas, la que marcará el devenir de las relaciones entre Cataluña y el Estado. Zapatero y Mas pactaron en solitario varias modificaciones del Estatut salido del Parlament: sacaron del texto el término «nación» y lo llevaron al preámbulo y acordaron una revisión de la financiación descartando un modelo equiparable al concierto vasco a cambio de más inversiones e impuestos. La «cara B» del pacto entre CiU y el PSOE pasaba por el compromiso de Zapatero de que en las siguientes elecciones catalanas gobernara la fuerza más votada, una cláusula que luego José Montilla incumplió al reeditar el tripartito pese a que Artur Mas había logrado mayor porcentaje de votos.
Esta circunstancia enfrió definitivamente las relaciones entre Mas y Zapatero, que no se volvieron a reunir formalmente hasta 2011, tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut y cuando el convergente ya era president de la Generalitat. El encuentro del «deshielo institucional» –calificativo que se vuelve a usar ahora, con la visita de Torra a Moncloa– se saldó con la autorización de Zapatero para que la Generalitat emitiera nueva deuda pública y el compromiso fallido de estudiar el pago de 759 millones a Cataluña en concepto de inversiones atrasadas.
La siguiente reunión de calado, en febrero de 2012, ya tiene a Mariano Rajoy como protagonista. Artur Mas acudió a la Moncloa para debatir los recortes y las políticas de austeridad que debían hacer frente a la crisis. Pese a la plena coincidencia en materia económica, el líder convergente puso sin éxito el pacto fiscal encima de la mesa, un factor importante para entender la cita de septiembre del mismo año. Además, esta fue la última vez que un president compareció en rueda de prensa en Moncloa.
Después de la primera manifestación independentista en Barcelona organizada por la ANC y Òmnium Cultural, Mas acudió a Madrid con la intención de negociar, ahora sí, un pacto fiscal para Cataluña similar al ansiado concierto vasco. Ante el portazo de Rajoy a la iniciativa “por ser contraria a la Constitución”, el convergente se marchó haciendo especial hincapié en la ruptura de las relaciones entre la Generalitat y el Estado. «Se ha perdido una oportunidad histórica», resumió. «Creo que en España se comete el error de que la Constitución casi siempre se relee en clave centralista», dijo antes anticipar un «periodo de reflexión» en Cataluña que acabó desembocando en un adelanto electoral y en el viraje definitivo de CiU hacia el soberanismo. De esta cita Mas arrancó el sí de Rajoy a que Cataluña se acogiera al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
El siguiente encuentro destacado entre ambos se produjo dos años después (en julio de 2014), cuando Mas puso encima de la mesa de Rajoy 23 peticiones económicas para negociar –entre otras, frenar los recortes de suelo a funcionarios públicos o mejorar las conexiones entre los puertos de Barcelona y Tarragona o con el aeropuerto de El Prat–, que el líder de CiU siempre se quejó de que no se habían concretado.
El tímido acercamiento entre Ejecutivos en materia económica no frenó la consulta soberanista de 2014, la consiguiente convocatoria electoral en Cataluña, el programa netamente independentista que CDC negoció con Esquerra y que acabó derivando en Junts pel Sí y la accidentada llegada de Carles Puigdemont al Palau de la Generalitat.
El viraje definitivo del Govern hacia el independentismo lo escenificó el propio Puigdemont en 2016 cuando acudió a Moncloa con una lista de 45 puntos –derivados de los 23 que Artur Mas había planteado dos años antes–que concluía con un apartado adicional, el 46: la celebración de un referéndum pactado con el Estado en Cataluña.
Un punto que ahora, dos años después y con una declaración simbólica de independencia de por medio, Quim Torra recuperará como eje central de su reunión con Pedro Sánchez, el enésimo «deshielo» entre la Generalitat y el Gobierno.
