El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se ha negado a adelantar las elecciones de 2021 a marzo de 2019, tal como se lo han solicitado diversos sectores, para detener la crisis que ha dejado más de 310 muertos en Nicaragua.
Ante una multitud de simpatizantes admiradores y de empleados estatales, Ortega apeló a la Constitución de Nicaragua, que establece elecciones cada 5 años, para negarse al anticipo de los comicios. «Aquí las reglas las pone la Constitución de la República, a través del pueblo, las reglas no pueden venir a cambiarlas de la noche a la mañana porque se le ocurrió a un grupo de golpistas», dijo Ortega, sin identificar a quienes están detrás de un supuesto golpe de Estado.
La crisis que atraviesa Nicaragua empezó el 18 de abril pasado con protestas contra reformas de la seguridad social, pero se convirtieron en un clamor nacional cuando la represión de las autoridades empezaron a cobrarse decenas de vidas de los manifestantes, que se convirtieron en centenares, así como de miles de arrestos ilegales y casos de tortura, según diversas ONG.
Al clamor de miles de nicaragüenses por un adelanto de elecciones se unió una petición formal de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) para anticipar los comicios a marzo próximo, al que se sumaron el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, diversas naciones y recientemente el propio hermano de Ortega, el general en retiro Humberto Saavedra.
«Ya habrá tiempo, tal como manda la ley, habrá tiempo para elecciones, todo tiene su tiempo», dijo Daniel Ortega, con una media sonrisa en los labios, la única que dejó ver durante su discurso. El presidente nicaragüense también advirtió de que continuarán los ataques contra los que considera subversivos, en lo que llamó una «lucha por la paz».
Ortega afirmó que su Gobierno seguirá «luchando por la paz para que desaparezcan de toda Nicaragua esos lugares, esos puntos donde se vienen cometiendo crímenes todos los días, que son justificados por aquellos que quieren convertir a los nicaragüenses en esclavos».
El mandatario también tuvo palabras para los obispos, que actúan como mediadores en el diálogo nacional entre el Gobierno y la Alianza Cívica que representa a la población, para superar la crisis. «Aquellos que lanzan maldiciones y nos sentencian a muerte en nombre de instituciones religiosas, que se acuerden de Cristo, Cristo nos mandó a amarnos los unos a los otros, y ese ha sido nuestro esfuerzo en la práctica cristiana, socialista y solidaria», sentenció Ortega.
En su discurso, el presidente nicaragüense insistió en responsabilizar por la muerte de los manifestantes a personas que supuestamente pagan a pandilleros «para la maldad», y acusó a las protestas cívicas de ser centros de «tortura, de terrorismo», exactamente lo contrario de las denuncias que le hacen desde la población y de organismos humanitarios nacionales e internacionales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) han responsabilizado al Gobierno nicaragüense de graves violaciones a los derechos humanos.
Entre esas violaciones citan «asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país», según la CIDH, y que el Gobierno de Nicaragua ha rechazado. Esta es la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente.
