A punto de cumplirse la mitad del plazo de 45 días de residencia que el Gobierno dio de forma extraordinaria a los 630 pasajeros del Aquarius –un periodo ampliado de forma extraordinaria para que puedan formalizar sus peticiones de asilo o de permiso para permanecer en el país por razones humanitarias–, los datos de la Policía Nacional son que apenas un centenar de ellos ha «iniciado el procedimiento», a pesar de que, a pie de barco, fueron 355 los que firmaron la manifestación de que esa era su intención. Del resto, nada se sabe en las comisarías. «Todavía es pronto», subrayan desde el Ministerio del Interior.
Los otros 274 inmigrantes expresaron también por escrito que su preferencia era pedir protección en Francia, que mandó a Valencia a valorar a los candidatos a una delegación de su Oficina de Refugiados y Apátridas (Ofpra), que precisamente acaba de terminar su trabajo esta semana con un resultado sorprendente. Según han difundido de forma oficial, solo 135 personas se presentaron a la preceptiva entrevista y los funcionarios galos han decidido que 80 de ellos son potenciales beneficiarios de su sistema de protección internacional. Se trata de 60 sudaneses, 11 eritreos, 5 etíopes, 2 de Chad, un guineano y un libio, y serán trasladados esta semana por la Organización Internacinal de las Migraciones de la ONU (OIM) en función de la disponibilidad de vuelos. Del resto, Francia no quiere saber nada. La administración de Emmanuel Macron ya avisó cuando se ofreció a acoger una parte de los ocupantes del Aquarius que su solidaridad no incluía a los llamados «inmigrantes económicos».
Cifras para un sudoku
Para las autoridades galas, la diferencia entre el número de inmigrantes que dijo querer obtener refugio en su país –los 274– y el que finalmente se ha personado para cumplir los trámites –135–se explica porque «ciertas nacionalidades saben que tienen pocas oportunidades» de obtener el asilo allí, caso de los originarios del Magreb que, según las mismas fuentes, «son esencialmente quienes no se han presentado» a su cita con la Ofpra.
En total, los incomparecientes serían 139, otra cifra que sumar al difícil sudoku en que se ha convertido el intento de recomponer el mapa del dónde y en qué circunstancias están los hombres y mujeres que iban en el buque que el día 17 de junio llegó a España tras ser rechazado por Italia.
Tanto más cuanto los datos aportados por el Ministerio de Trabajo y Migraciones a este diario son que de los 128 que dijeron ser menores a su llegada, 44 no lo son, según han demostrado «las comprobaciones legales oportunas». A fecha de hoy constan, por tanto, 84 niños y adolescentes de ambos sexos que viajaban solos y que no alcanzan los 18 años, todos puestos bajo tutela de la Generalitat Valenciana, por lo que su paradero y situación están controladas: 64, los más mayores, fueron llevados a un Centro de Recepción de Menores en Alicante, mientras que los pequeños se quedaron en otro centro especializado en Valencia.
En lo que respecta a los adultos, que en un primer momento fueron acogidos en un complejo del municipio valenciano de Cheste, Trabajo y Migraciones ha facilitado a ABC el detalle de la asignación de plazas a 380 de ellos en recursos de Cruz Roja, CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), la Asociación Provivienda o Cáritas repartidos en trece Comunidades Autónomas. Trasladadas, a fecha del pasado jueves, estaban 336 personas. Los que faltan hasta 629 están «pendientes de trámites», indica el Ministerio.
A efectos policiales, y por tanto del departamento de Interior, se recuerda que durante los 45 días de residencia legal otorgados por el Gobierno, los pasajeros del Aquarius son libres de moverse por donde quieran.
Pedir el asilo les garantiza que no serán internados en un CIE mientras no se resuelva su instancia, pero se sabe que quienes sospechan que no tienen ese derecho a su alcance, simplemente aprovecharán para escabullirse por España o en Europa a través de lo que queda del espacio Schengen. La radiografía final de qué ha sido de los del Aquarius, el 1 de agosto.
